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Antonio Morales Méndez (*)
Sucedió el 28
de noviembre de 2005 tras la llegada a Tenerife de la tormenta
tropical Delta que produjo, entre otras cosas, un prolongado apagón
energético en esa isla. Volvió a pasar el 29 de marzo de 2009 cuando
unas fuertes lluvias echaron abajo el sistema eléctrico tinerfeño
provocando igualmente un corte de muchas horas en el suministro y
se ha vuelto a reproducir la situación en dos ocasiones en las
últimas semanas (16 de febrero y 1 de marzo) cuando unas goteras y
una avería en un interruptor propició un cero energético repetido y
significativo en la misma isla. Como en todas las ocasiones, tras la
interrupción gravísima del suministro de energía a miles de
ciudadanos, nos viene el tsunami de acusaciones, reproches y
amenazas para forzar la introducción del pelotazo del gas, la
necesidad de nuevas centrales y el vaciado de competencias a las
administraciones para así culminar el proceso de privatizaciones del
sector público, iniciado por José María Aznar, que ha propiciado la
mayor de las especulaciones en un sector tan estratégico para un
país como es el de la energía.
Aunque en la
primera semana de marzo ya escribí sobre este tema en este medio de
comunicación, la cadena de acontecimientos que se han sucedido en
las últimas fechas me anima a volver a insistir en un asunto que
entiendo de singular trascendencia para el futuro de Canarias.
La realidad más
dura es que desde el 2005 para acá la situación sigue siendo la
misma y con los mismos protagonistas; sigue siendo la misma la
desidia en la falta de mantenimiento de las instalaciones y sigue
siendo la misma la incapacidad de los responsables públicos para
realizar una eficiente inspección y un eficaz control de la gestión
de la empresa encargada de generar y suministrar la energía.
Mientras el consejero de Industria del Gobierno de Canarias anuncia
sanciones por considerar que los apagones se deben a una negligencia
en el sistema de protección de las centrales (en estos dos últimos
casos y en el de 2009), el presidente Paulino Rivero se reúne
apresuradamente con los responsables de Red Eléctrica y Unelco-Endesa
para obligarles a realizar inversiones urgentes e importantes en el
sistema eléctrico insular. Desde luego, todo parece responder a una
pactada puesta en escena mediática, que trasluce una irresponsable
improvisación. ¿Por qué se exigen ahora estas inversiones y no se
obligó a hacerlas en el 2005 o en el 2009? ¿Acaso en aquellas fechas
no se puso también el grito en el cielo, se demandaron inversiones y
se amenazó con sanciones quedando todo en agua de borrajas? Claro
que, en medio de todo esto, nos enteramos de que el Gobierno de este
archipiélago lleva tres años de retraso en la exigencia de que
Unelco y Red Eléctrica se pongan de acuerdo en el traspaso de las
redes de alta y media tensión que le corresponde gestionar a la
empresa que dirige el ex ministro Luis Atienza, por lo que andamos
en un limbo de indefiniciones que produce un claro abandono de las
obligaciones del mantenimiento de las infraestructuras y la
ejecución de otras nuevas.
Y claro,
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, los que deberían
estar pidiendo perdón al conjunto de la ciudadanía y mostrar
atisbos de vergüenza por las negligencias cometidas, sacan pecho y
empiezan a acusar a los ciudadanos y a las administraciones públicas
de sus deficiencias y aprovechan para dar una vuelta de tuerca a las
presiones para la construcción de nuevas centrales y para la
introducción del gas, que es lo que realmente les interesa y lo que
realmente les aporta dividendos. Por cierto ¿cuáles son las pegas
para que no se haya puesto fin a la central de Jinámar, de las más
obsoletas y contaminantes? ¿Cuáles son las razones por las que se
justifica que no se haya construido la subestación del polígono
industrial de Arinaga que se viene reclamando desde hace años por el
Ayuntamiento de Agüimes y los empresarios de la zona y que tiene
paralizada, entre otras cosas, la instalación de plantas
fotovoltaicas? ¿No dicen que los ayuntamientos no quieren
subestaciones?
Y en todo este
proceso de acusaciones, de sostenella y no enmendalla, no he oído a
ninguno de los protagonistas hacer siquiera una reflexión sobre la
posibilidad de introducir en esta tierra el nuevo modelo energético
que demanda gran parte de la sociedad. No les he oído hablar de
implantar urgentemente un plan de eficiencia y ahorro. Se trata de
insistir e insistir en mantener el status y en reproducir viejos
esquemas caducos, altamente contaminantes, que hipotecan nuestro
futuro. ¿Realmente se necesitan más mega centrales o se hace
necesario avanzar en una propuesta alternativa como la que apuntaba
en estos días Feliciano García, catedrático de la ULL, investigador
de INGEMAR/ULL y secretario del comité científico PLOCAN? En una
carta abierta dirigida a Paulino Rivero este científico afirma que
es inconcebible que en los albores del siglo XXI y conocidos los
efectos negativos de los combustibles fósiles para la capa de ozono
y el cambio climático se sigan proyectando y construyendo en
Canarias centrales térmicas fósiles (…) y no se apueste de forma
definitiva por la energía marina offshore (eólica, olas, solar
intensiva) y minihidráulicas y además no se luche, frente a las
grandes centrales y grandes redes de distribuciones y transporte,
por la generación distribuida, es decir por la producción
energética en puntos cercanos al consumo.
Es lo mismo que
ha venido pidiendo el profesor de la ULPGC Roque Calero una y otra
vez: la necesidad de la eficiencia de las transformaciones
energéticas para lo que, entre otras cosas (centrales hidráulicas,
uso masivo de las renovables…) propone centrales pequeñas y
flexibles porque actúan como freno al incremento de la demanda y se
acoplan mejor a las variaciones de las energías renovables, mientras
que las grandes centrales, muy rígidas, tienden a impulsar el
consumo energético y a marginar a las energías limpias.
Informes y
estadísticas como la de British Petroleum nos hablan de que las
reservas de los combustibles tradicionales, al ritmo de consumo
actual, sin tener en cuenta el desarrollo y por tanto un mayor
consumo de los países emergentes como China o India, son de 40 años
para el petróleo, 60 años para el gas y entre 30 y 60 años para el
uranio. Mientras nuestra Administración autonómica es incapaz de
ofertar un modelo alternativo y el monopolio eléctrico de facto que
padecemos insiste en imponernos un sistema caduco y altamente
contaminante, no dejan de surgir voceros que claman por la
implantación del gas, aprovechando la situación de incertidumbre que
estos interlocutores devaluados generan. Así he podido leer en estos
días que el hospital Doctor Negrín no puede poner en marcha su
lavandería porque no funcionaría sin una estación de ciclo combinado
(gas/fuel), cuando el gas sólo se prevé para suministrar a la planta
de El Matorral para la generación de energía. Así aparecen otras
voces que se unen a las de los gascanes oficiales demandando la
llegada del gas. Es el caso de Pedro Ortega, el presidente de Asinca,
que ha afirmado en estos últimos días, sin ningún tipo de pudor, que
el gas nos permitiría un ahorro de unos 300 millones de euros y que
un cambio en el sistema tarifario nos podría causar un sobrecoste de
700 millones. Desconoce el señor presidente de Asinca, o a lo mejor
no, que los precios del gas y del petróleo están referenciados y que
en los próximos meses vamos a asistir a un fuerte incremento de su
precio, lo que reafirmará el poder del peligroso cártel conformado
por Rusia y Argelia que jugará de nuevo con el precio del gas y con
la seguridad del suministro. Y desconoce ¿o no? como ha apuntado
recientemente Antonio González Vieitez que, de acuerdo con el REF
canario, el sobrecoste que origina la insularidad sobre la
producción eléctrica, se compensa con cargo a los Presupuestos del
Estado. Pero es que, además, el Cluster Ricam, entre cuyos socios se
encuentran las patronales canarias del metal Femepa y Femete, acaba
de denunciar que generar energía en Canarias con combustibles
fósiles cuesta al año entre 700 y 800 millones más que en la
península y que si se utilizara la energía eólica los costes se
reducirían a la mitad. ¿Por qué no demanda entonces Asinca energía
eólica, fotovoltaica, etc.? ¿No les interesaría acaso esto también a
sus asociados?
Qué bueno que por
estas fechas haya estado en Canarias y se haya reunido con Paulino
Rivero el presidente de la Asociación de Productores de Energías
Renovables (APPA), José María González Vélez, para arrojarnos a la
cara el dato escalofriante de que Canarias ha dejado de invertir
alrededor de unos 10.000 millones de euros en energías renovables
debido a un sinfín de trabas administrativas en las que no entró en
detalles, aunque todos sabemos que se debe a la corrupción que
obligó a paralizar el concurso eólico, a errores en el proceso que
forzaron a una nueva paralización y por último a la adjudicación de
un concurso que no permitirá instalar un nuevo aerogenerador porque
lo impide la Ley de Medidas Urgentes y lo impide, entre otras cosas,
el Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria. Llevamos doce años
sin instalar un nuevo molino; estamos a la cola de España en
renovables; no hacemos absolutamente nada por investigar otro tipo
de energías alternativas; a las propuestas de parques eólicos
marinos, muy avanzadas en Europa, se les da con la puerta en las
narices; Unelco pone todas las pegas del mundo a que los pequeños
inversores enganchen a la red sus instalaciones fotovoltaicas;
Tenerife se queda una y otra vez a dos velas… y a nuestros “sabios”
no se les ocurre otra cosa que más petróleo, más gas y más macro
centrales. Es en estas manos en las que se encuentra nuestro futuro
energético.
(*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
Imagen: Reunión en la que Paulino "supo" de la inversión
perdida
de 10.000 millones
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