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El origen de nuestras cajas de ahorros se remonta a los Montes
de Piedad que se crearon en el siglo XV en torno a la orden
franciscana, destinados a conceder préstamos sin interés a los
más desfavorecidos. Fue en el siglo XIX cuando se empezó a
gestar el modelo de caja que más se aproxima al que hoy
conocemos, al amparo de organizaciones religiosas y personas o
instituciones que pretendían proteger a los pobres de los
embates de prestamistas y usureros. En la actualidad funcionan
como fundaciones privadas sin ánimo de lucro, gestionadas por
sus impositores, los propios trabajadores y el conjunto de la
sociedad, a través de los representantes de las administraciones
públicas locales y autonómicas.
Durante todos
estos años, las cajas de ahorros han ido acentuando su papel de
protector del ahorro familiar y de agente de desarrollo de los
territorios más inmediatos, los más cercanos, a través de la
financiación de proyectos municipales y de las pymes locales.
Además, los beneficios conseguidos al haberse hecho con más del
50% de los recursos ajenos al sistema bancario, debido a la
confianza depositada en ellas por las clases medias, son
devueltos al conjunto de la sociedad a través de la Obra Social
que financia miles y miles de proyectos de este carácter,
culturales, educativos, medioambientales…etc.
Pues bien,
desde hace algunos años, desde ese lugar opaco y mafioso que
llaman “mercado”, al que andan todos ahora rindiendo pleitesía,
se ha desatado una campaña virulenta de acoso y derribo para
acabar con ellas y poner todo su potencial en manos de la banca,
que logra así el más perverso de los oligopolios. Ya en enero de
2000, el catedrático de Economía Aplicada de la UV, J. A.
Martínez Serrano escribía un lúcido y visionario artículo (El
País), del que tomo algunas referencias para este texto, al que
tituló “Las cajas de ahorro: un codiciado botín”, donde
profundizaba en la eficiencia de las cajas, al menos igual que
la de los bancos y en una gestión mucho más prudente que la de
estos y en el “atractivo” que estaban suponiendo para la banca
por su enorme volumen de negocio, por la dura competencia que
hacen al sector privado y por el control empresarial que
ejercen: “Por ello, resultaría gracioso que unas instituciones
nacidas para huir de los usureros del siglo XIX acabasen en las
manos de los ambiciosos banqueros privados del siglo XXI”.
En el último
año, la campañita de marras se ha recrudecido desde todos los
flancos. Vean si no algunos ejemplos. En noviembre de 2009
Aznar decía en una conferencia en Santander que “las cajas de
ahorro deben ir a un proceso de privatización progresiva, en
lugar de convertirse en bancos públicos autonómicos” y a
principios de julio de este año insistía en que “las cajas de
ahorro han demostrado ser, cuando menos, incompetentes” y que
se debería iniciar “un proceso de transformación que permita la
entrada gradual de la propiedad privada”. En marzo de 2010, el
socialdemócrata Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de
España, amenazaba en Valencia a las cajas con una “intervención,
liquidación y posterior venta” y les instaba a dejarse absorber
fusionándose con alguna de las grandes o a constituir un SIP que
les obligaría a perder el control de su negocio financiero. Su
mano derecha, el subgobernador Javier Aríztegui, no tuvo reparos
tampoco en hacernos llegar que “es necesario dotar a las cajas
de ahorros de un nuevo estatus jurídico. En definitiva,
someterlas a la disciplina del mercado”. También en mayo de este
año la UE presionaba al gobierno español para que iniciara la
reforma laboral, de las pensiones, y de las cajas de ahorros.
El FMI a principios de julio remató la jugada afirmando que “las
cajas de ahorro necesitan un cambio rotundo que permita su
privatización, al menos parcial”…
Ante todo
esto ¿qué otra cosa podría hacer el pobrecito Zapatero sino
lanzarse a dar un paso más allá de la reforma laboral y la
congelación de las pensiones para contentar a los “sabios” que
nos llevaron a esta situación de crisis social, económica y de
déficit presupuestario? Efectivamente, a toda prisa, sin contar
con nadie, salvo con, para este tipo de cosas, sus aliados del
PP, el presidente español puso en marcha y remató lo que él
mismo más tarde definiría como “una reforma fundamental y de
gran calado, la más importante en la historia del sistema
financiero español”. A partir de estos momentos y siguiendo las
indicaciones de su colega Aznar y sus amigos de los “mercados”,
Zapatero ha puesto en marcha un proceso que abre todas las
puertas a la privatización total de las cajas, a pesar incluso
de que según una encuesta reciente del IMOP, un 81% de los
españoles se muestran absolutamente partidarios de sus cajas de
ahorro, conscientes del enorme daño que su desaparición causará
en el futuro a las familias. Desde ya, el Banco de España
ejercerá un control extraordinario sobre las 45 cajas españolas,
mucho más del que nunca quiso ni pudo tener sobre los bancos,
incluso fiscalizando cada tres meses a las entidades a las que
se ha ayudado; bloqueará a conveniencia las fusiones frías, con
lo cuál facilitará el acceso del capital privado a su antojo;
permitirá la compras de acciones de las cajas en crisis, con un
gran rechazo de la CECA, porque no es sino otra vuelta de tuerca
a posibilitar que caigan en manos de los especuladores del
mercado; permitirá que con dos tercios de la asamblea de
cualquier caja, su negocio financiero pase a un banco privado y
hará posible que en 2013 ningún cargo público elegido
democráticamente por los ciudadanos pueda estar presente en sus
órganos de gobierno, un paso más de colaboracionismo con el
desprestigio de lo público, que nos llevará a que dentro de
poco la Sanidad y la Educación también pasen a manos privadas y
que los ciudadanos sigan alejándose de las urnas y de la
política para que las decisiones las sigan tomando los mercados.
Eso sí, los parlamentos podrán designar a personas -podrán poner
testaferros- para que estén en los órganos de gobierno de las
cajas, aunque sean los mayores chorizos, pero nunca podrán ser
cargos electos. Al finalizar esta operación se perderán treinta
mil empleos, se cerrarán 6.000 oficinas y desaparecerán las
cajas de ahorro que irán a parar a manos de la banca privada.
Las arcas públicas emplearán para ello más de quince mil
millones en inyección de capital y treinta mil millones en
créditos blandos. Una operación redonda del PSOE y el PP para
favorecer a sus amigos los banqueros, los que condonan las
deudas de los partidos, entre otras cosas.
Nuestra Caja
Insular de Ahorros, con una aceptación casi generalizada, pasa
así a ser absorbida por Caja Madrid, que será la que dé el visto
bueno a los créditos que se soliciten a partir de ahora. Dentro
de poco será una sucursal más de un banco cualquiera. Y
mientras, el Parlamento Canario y los partidos que lo conforman,
que no movieron un dedo para intentar unir a las dos cajas de
esta Comunidad, aprueba por unanimidad este despropósito.
Qué ocasión
perdida para que un partido, el PSOE, que se proclama de
izquierdas pero que en materia económica no se diferencia ni una
migaja de la derecha más neoliberal, no se atreviera a dar el
paso de crear una auténtica banca pública, profundamente social
y ética a la hora de las inversiones y los créditos. Una banca
pública que ya tuvimos (Banco Exterior, Caja Postal, Banco de
Crédito Industrial y los bancos del Instituto de Crédito
Oficial) y que se fusionó en Argentaria para ser vendida
posteriormente a las bancas privadas tras poner Aznar al frente
de ellas a personas de su cuerda. Para el Nobel de Economía J.
Stiglitz los gobiernos debería crear sus propios bancos: “en
Estados Unidos entregamos a la banca 700.000 millones de
dólares. Si hubiésemos invertido sólo una fracción de esa
cantidad en la creación de un nuevo banco, habríamos financiado
todos los préstamos que se necesitaban”. También, entre otros,
Costas Lapavitsas, profesor de Economía de la Universidad de
Londres, defiende una banca pública capaz de superar la crisis
de una forma justa y de transferir capital hacia una inversión
productiva. No se podría dudar de su solvencia y garantizaría
una práctica ética y no especulativa.
Qué ocasión
perdida para que un gobierno que debería, como prometió en su
día, realizar políticas de izquierdas, no se decida abiertamente
a perseguir los paraísos fiscales y el fraude fiscal que ha
hecho que la recaudación de la Agencia Tributaria haya caído en
el último año en un 17%. Se conseguiría recuperar para las arcas
públicas nada más y nada menos que la friolera de 38.000
millones de euros y se evitarían prácticas políticas
profundamente reaccionarias como las que se están adoptando.
Serge Halimi
finalizaba un artículo (El gobierno de los bancos) el mes pasado
en Le Monde Diplomatique de una manera que yo suscribo al cien
por cien. Para este periodista y doctor en Ciencias Políticas,
las medidas que distintos países y el G-20 tomarán contra la
especulación en las próximas semanas “dirán si la humillación
cotidiana que “los mercados” infligen a los Estados, y la cólera
popular que aviva el cinismo de los bancos, despiertan en los
gobernantes, cansados de ser tratados como lacayos, la poca
dignidad que les queda”. |
