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Antonio Morales Méndez (*)
Tras los estragos producidos por el
huracán Delta en la isla de Tenerife el 28 de noviembre de 2005 que,
entre otras cosas, ocasionó un enorme y prolongado apagón, se puso
en marcha un cruce de acusaciones exculpatorias que terminó, al
minuto siguiente, en un abrazo sentido de complicidades y de apoyos
entre Unelco y los políticos de CC y PP. Mientras en un primer
momento Ricardo Melchior y Paulino Rivero se lanzaron a culpar a los
servicios meteorológicos, el portavoz parlamentario popular, Jorge
Rodríguez, salía en defensa de la compañía eléctrica y acusaba a los
ayuntamientos tinerfeños de lo sucedido. Días más tarde el por
entonces director general de Unelco, José María Plans, achacaba la
situación a la crispación de muchos canarios “cada vez que hay que
mover una piedra, un hotel, una carretera, una línea…”. Sin el menor
pudor, unos y otros sacaron a colación también la necesidad de
introducir el gas en Canarias para evitar situaciones como las
vividas, sin hacer referencia alguna a la denuncia de colectivos
ciudadanos de la falta de mantenimiento en las redes por parte de la
empresa y a la falta de vigilancia y control por parte del Gobierno
canario.
Tras un informe exhaustivo, el
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria demostró que las torres encargadas del suministro
eléctrico a la isla presentaban tal alto grado de corrosión que
reducía su capacidad de carga en un 48%, ante lo que la consejera de
Industria, Marisa Tejedor anunciaba que propondría una multa de
cuatrocientos cincuenta mil euros a Unelco, como si setenta y cinco
millones de pesetas cubrieran su obligación de fiscalización e
inspección y los daños causados. Eso sí, al poco tiempo, Luis Soria
trasladó al Parlamento y aprobó la Ley del Sector Eléctrico que
permite obviar a los cabildos, ayuntamientos y a los planeamientos
en vigor para acometer determinadas actuaciones de las compañías
eléctricas.
El 26 de marzo de 2009, tres años después del Delta, unas lluvias
intensas vuelven a caer sobre Tenerife y vuelven a colapsar el
sistema eléctrico produciendo de nuevo un corte de suministro
prolongado en el tiempo. Como en la anterior ocasión las acusaciones
se disparan desde un Gobierno incapaz de ejecutar sus obligaciones
como garante del sistema. Mientras Paulino Rivero señalaba que
Canarias era la comunidad que ha aplicado más sanciones a las
compañías de electricidad y que “había que pedir explicaciones a
Unelco” y su portavoz, Martín Marrero, insistía en que “deben ser
Red Eléctrica y Unelco quienes deben dar explicaciones y no el
Gobierno”, el director general de Unelco en esos momentos y ahora,
Pablo Casado, se apresuró a informar de que era imprescindible
seguir reforzando las líneas y construir una tercera central
eléctrica en Tenerife, “y otros proyectos ya planificados, como un
sistema integral de seguridad que, ahora, es una prioridad”. No
faltaron voces que volvían a culpar a los ciudadanos que “siempre se
oponen a todo”, a las instituciones que ponen en riesgo las “enormes
inversiones” previstas por la compañía suministradora y a los
impedimentos a la entrada del gas. La misma cantinela exculpatoria
de los auténticos responsables y aunque se volvió a hablar de
sanciones, de eso nunca más se supo.
A cuatro años del huracán Delta
y a uno del apagón de 2009, la situación se repitió el pasado 16 de
febrero cuando tras un fuerte temporal de viento y lluvia se colapsó
el sistema eléctrico de Tenerife. Y todo según parece, provocado por
unas simples goteras en la central de Las Caletillas.
Y, de nuevo, como si se
tratara de un nuevo pase de la misma película, con el mismo
argumento y los mismos protagonistas, tanto Paulino Rivero como José
Manuel Soria volvieron a insistir en presionar con la boca chica a
las empresas responsables y a echar todas las responsabilidades “a
las pegas, frenos y trabas de grupos minoritarios” y a las
exigencias burocráticas de ayuntamientos y cabildos. Aunque en un
principio el presidente canario amenazó a Endesa y Red Eléctrica con
obligarlas a marcharse de Canarias, el director general de energía
tuvo que salir al quite para señalar que se refería únicamente a que
los botaría el mercado y nunca el Gobierno que no tiene potestades.
Al final, el mensaje es que las empresas deben cumplir aunque nunca
se les obligue a hacerlo –la muestra es que transcurridos más de
cuatro años todo sigue igual- y que, en última instancia, los
responsables son los ciudadanos y las corporaciones locales, por lo
que habría que “modificar la legislación” (palabras de Soria) para
obviar las licencias, los planeamientos y, si me apuran, hasta el
Parlamento y la democracia… Por supuesto que no faltó quién
insistiera en recordar al presidente, en un encuentro de la
Asociación para el Progreso de la Dirección, que no es la Cámara, ni
la CEOE, ni el Círculo de Empresarios, sino “otra cosa” con ínfulas
de poder, que el gas sigue pendiente y que hay que agilizarlo, a lo
que el presidente Rivero contestó si dudarlo que se trata de algo
necesario a lo que no se piensa renunciar, que al final se trata de
que una isla se adelante y el papanatismo insular hará el resto.
En cualquier país con
democracias avanzadas ya habrían rodado un sinfín de cabezas, pero
aquí no pasa nada. Volverá otro temporal, se producirá otro apagón y
se reproducirán las mismas cantinelas y hasta la próxima y así
continuamente en esta espiral de despropósitos.
Desde la más absoluta de las
incapacidades quienes tienen en su mano hacerlo obvian el control,
la fiscalización y la inspección de las empresas responsables;
hicieron dejación en su día al no impedir que Unelco fuera
privatizada, lo que ha tenido como consecuencia que hoy estemos en
manos del gobierno italiano; aceptaron desde la complacencia que
ENEL, la dueña de Unelco, recortara sus inversiones en España en un
45%, pasando de 24.400 a 13.100 millones de euros el plan previsto
hasta 2013; permitieron muchísimas prejubilaciones para abaratar los
costes de personal con la consiguiente merma en los servicios de
mantenimiento…
Y mientras, renuncian a
avanzar en el ahorro y la eficiencia desde la concienciación
ciudadana y la búsqueda de un modelo socioeconómico diferenciado; en
la democratización de las energías renovables; en la potenciación de
las energías limpias frente a las fósiles caducas y contaminantes…e
insisten en el gas, a pesar de que un estudio elaborado por el
Cluster Ricam, que cuenta como socios a las patronales canarias del
metal Femepe y Femepa, llega a la conclusión de que generar energía
en este archipiélago con combustibles fósiles cuesta entre 700 y 800
millones más que en el territorio peninsular y que utilizándose la
energía eólica –de la que no se ha instalado un nuevo aerogenerador
en doce años- y la fotovoltaica los costes se reducirían a la mitad.
Pero todo esto les entra por un oído y les sale por otro. Y es que
están a otra cosa. Y nosotros, ciudadanos de a pie, empresarios que
no participan del pastel, organizaciones sociales, la sociedad civil
en suma… ¿dónde estamos nosotros?
PD.- Efectivamente, tres días
después de escrito este artículo, en la madrugada del lunes día 1 de
marzo, el apagón se ha vuelto a reproducir. Y a todas estas seguimos
sin enterarnos qué obras se encuentran paralizadas y cuántas
inversiones frenadas en Tenerife por los ciudadanos, el Cabildo y
los ayuntamientos...
(*) Antonio Morales es Alcalde de
Agüimes.
Imagen: A dos velas
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