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Antonio Morales Méndez (*)
Frente a una oposición
castrante del PP, incapaz de ir más allá de un enfrentamiento
estratégico un día sí y otro también; frente a las posiciones
intransigentes de la derecha empresarial decidida a utilizar la
crisis para debilitar las posiciones de la clase trabajadora,
proponiendo una reforma laboral como antídoto de todos los males que
nos azotan; frente a las andanadas del sistema bancario y financiero
que empieza, de nuevo, a ganar posiciones y a mandar realmente, el
Gobierno español, con el apoyo en solitario del PSOE, ha puesto
sobre la mesa un esbozo de Ley de Economía Sostenible que, por otros
motivos, claro, tampoco ha sido muy bien vista por los sectores
sociales y políticos más a la izquierda y, lo que es más grave
todavía, por los casi cuatro millones de parados con que cuenta este
país, el 45% jóvenes, y por los diecisiete millones de ciudadanos
que conforman la población activa y que no terminan de abandonar el
miedo y la desconfianza ante la terrible situación que padecemos.
Más allá de
las valoraciones que nos conducen a interpretar la propuesta como
una huida hacia delante desde la improvisación más absoluta y a la
falta de profundización real en alcanzar el objetivo último de hacer
posible un cambio de modelo donde el mercado deje de ser el rey del
sistema, a mi me parece muy importante en estos momentos que, ante
el conjunto de la ciudadanía, se abra un debate social plural capaz
de señalar vías alternativas de desarrollo y de esperanza.
No me cabe la
menor duda de que, en situaciones como esta, un Gobierno debe tomar
las riendas y marcar las directrices y que es absolutamente
inaceptable que a esta manera de actuar se la acuse de ingerencia y
de intervencionismo, aunque también es verdad que una propuesta así
no puede salir adelante si no es con la colaboración y el consenso
de todos los sectores implicados: empresarios, partidos políticos,
sindicatos y demás organizaciones sociales.
Ahora bien, dicho esto, considero que esta Ley de Economía
Sostenible adolece de vacíos e incongruencias de un calado tal que
pone en riesgo su credibilidad y su solvencia. Desde luego nada
apunta a que, como tanto se ha insistido, estemos ante un cambio de
modelo productivo sino más bien a la insistencia en una práctica
globalizada de más consumo, más inversión y más gasto, eje central
del modelo que se cuestiona y que nos ha derivado hasta este estado
de crisis e incertidumbre. Nada señala que la Ley proponga un
cambio de raíz que deje de lado el binomio del ladrillo y el
turismo, y está clarísimo que ese será el norte de la creación de
empleo del futuro, ni que el sistema financiero deje de controlar y
someter a los poderes públicos como lo ha hecho hasta ahora.
No estamos por
tanto ante un cambio estructural sino más bien ante un tratado de
buena voluntad que debería hacer posible que una opción de
izquierdas, desde la socialdemocracia, diera un paso al frente para
demostrar que hay otra manera de gobernar distinta a la de la
derecha y que, incluso aún rayando en la utopía, se puede hacer
realidad un cambio estructural de alcance.
Es imposible
en un espacio como éste analizar todos los aspectos que pretende
abarcar esta Ley, pero si voy a citar algunos, fundamentales, que
son recogidos de manera imprecisa, sesgada o equivocada. Lo que no
admite cuestionamientos es que cualquier variable a utilizar debe
estar considerada en los presupuestos y es ahí donde se apuntan las
mayores debilidades.
Al hablar de
I+D+i la contradicción es flagrante. Mientras las empresas españolas
aportan un 1,1% a este sector, en la UE, las alemanas lo hacen con
un 34,6%, las francesas con un 19,7% y las inglesas con un 15,1%. Lo
mismo sucede con las aportaciones del PIB a las que España destinó
el 1,27%, Alemania el 2,53% y Francia el 2,08% y, además ninguna
empresa española figura entra las cien primeras en I+D de la Unión
Europea. Pero lo peor es que en los presupuestos españoles para el
2010 el Gobierno reduce estas cantidades en un 15%.
Pero es que
otro tanto sucede con la Educación. Si bien el borrador apunta
cambios en la Formación Profesional, la realidad es que el sistema
hace aguas por todas partes y lo que procede es una ruptura con
todas las consecuencias y con todas las dotaciones presupuestarias
que se precisen, que tampoco es el caso. Los informes PISA sobre el
fracaso escolar son demoledores y las cifras del paro no dejan de
alcanzar a los trabajadores con más baja formación educativa.
Lo mismo pasa
con la energía. Aunque la apuesta del discurso de Rodríguez Zapatero
por las renovables se ha dejado oír una y otra vez, a la hora de
tomar decisiones el gobierno sigue apostando por el altamente
contaminante carbón y cediendo a las presiones de las eléctricas
para rebajar las primas a las renovables y limitar las potencias
instaladas…
La Ley, a
pesar de su estrategia de venta mediática, apenas ha calado en la
ciudadanía y sin ella es impensable un cambio de modelo. El discurso
de fondo casi no se diferencia del que pueda desarrollar en
cualquier país europeo gobernado por la derecha. Echo de menos la
restitución de lo perdido por los más desprotegidos, por los que más
han sufrido esta crisis; por la presencia de valores progresistas
que insistan en separar el papel de lo público y lo privado, en dar
solidez y credibilidad al Estado frente al miedo y a la pérdida de
protecciones sociales de un importante número de ciudadanos; de
volver a recuperar para lo público sectores estratégicos como los
energéticos, los bancarios, de comunicaciones, etc; que paguen más
los que más tienen; que apueste por el sector primario y el mundo
rural abandonado; que propicie un sistema de valores que vaya más
allá del consumismo y el derroche; que profundice en la igualdad de
oportunidades, que ponga freno al deterioro del sistema democrático
español, peligrosamente dañado…
Todo eso y más
debe ser la economía sostenible. Lo que hemos visto hasta ahora no
pasa de ser un repertorio de propósitos que se quedan en la
superficie. El reto es profundizar en ellos.
(*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
Imagen:
Energías renovables
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