El camino andado por la joven democracia española tras la dictadura franquista ha estado salpicado por casos de corrupción desde su nacimiento. En los últimos meses estamos asistiendo, día tras día, a la visualización de un recrudecimiento de esta práctica perversa en todos los rincones del Estado, aunque, para desgracia nuestra,  Canarias ocupa el lugar de cabecera.

      Cada vez que se produce un  descubrimiento de  corruptelas se suceden en cascada rimbombantes declaraciones de intenciones desde los ámbitos de la política, la justicia y los medios de comunicación -¡que bonito queda lo de la tolerancia cero!- que se quedan en mera desiderata hasta que, pasado un tiempo y descubiertos nuevos casos, se vuelve a abrir el melón de las  “buenas” intenciones. Es lo que  ha pasado en estos días con las manifestaciones del ministro de Justicia o la vicepresidenta Fernández de la Vega, que han coincidido en demonizar a los municipios proponiendo cambios en la legislación del suelo y en los contratos, convenios y licencias de obras públicas en  el marco de los gobiernos locales, o la contraofensiva que anuncian el PP y el PSOE proponiendo una revisión de la Ley de financiación de los partidos políticos, aprobada apenas hace dos años, y la firma del pacto local que garantice los recursos de los ayuntamientos, sin que nadie apunte a la raíz del problema que no es otra que el sistema económico sobre el que se sustenta nuestro modelo de desarrollo y nuestro modelo político.

      Efectivamente, tras la cortina de humo que supone el aviso de cambios de cara a la galería que después no se producen, se encuentra latente el neoliberalismo brutal que propició la burbuja inmobiliaria, la mitificación del dinero como valor absoluto, el saqueo de la banca, la terrible crisis que estamos viviendo y uno de los grandes déficit de esta democracia: la financiación insaciable de los partidos políticos -de sus aparatos y sus sofisticadas campañas- sustentada en una peligrosa relación con los poderes económicos que se convierten en auténticos gobiernos en la sombra.

      Ya he citado en alguna ocasión al neoliberal Moisés Naim, director de Foreign Policy, que afirma que “la guerra contra la corrupción está minando la democracia. Pretender restringir la cultura del soborno y la codicia…es una ilusión paralizante”. Pero no es él solo. El profesor Ignacio Labaqui (Las causas de la corrupción: un estudio comparado) cita a polítólogos y apologistas del neoliberalismo como Samuel Huntington, Nathaniel Leff y John Girling que han señalado que, bajo ciertas circunstancias, la corrupción genera efectos benéficos para la sociedad porque permite una mayor movilidad social en sociedades rígidamente estratificadas; promueven en sociedades altamente reguladas, que los empresarios compitan, mediante el pago de sobornos y, también, eliminan la violencia política al producirse un reparto del botín entre los grandes partidos del gobierno y oposición…También Felipe Sahagún cita al economista Francis Lui que no duda en afirmar que “los sobornos reducen el tiempo que se pierde esperando decisiones de la Administración”. Uff.

      Es lo que hay. No nos engañemos. Manuel Villoria, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (La corrupción en España: unos apuntes) nos habla también de cómo el Índice de Fuentes de Soborno, de Transparency Internacional, sitúa a este país en un lugar destacado en el ranking mundial de las naciones más desarrolladas cuyas empresas pagan sobornos en países extranjeros para obtener negocios; de cómo en España no existen sistemas de protección a los denunciantes de casos de corrupción tanto en la actividad pública como en la privada; de la laxitud de las leyes españolas para controlar el blanqueo de capitales y de que la posibilidad de implantar la Convención contra el Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es difícil. “En concreto, de acuerdo con fuentes del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, las comunicaciones de operaciones sospechosas en  España son de las más bajas entre los países desarrollados, y la colaboración de ciertos profesionales en la denuncia es prácticamente nula”. También en los Indicadores de Buen Gobierno del Banco Mundial se afirma que en España no se ha hecho nada por frenar la corrupción desde hace algunos años y que sólo nos encontramos por delante de Italia, Grecia y Chipre.

      En el Índice de Corrupción Urbanística de TI, España ha descendido seis puestos en el último año, “con una inquietante tendencia a la baja” según su presidente Jesús Lizcano.

       Y detrás de todo ello la financiación de los partidos políticos. Para el magistrado Santiago Torres, el primero que envió a Jesús Gil a la cárcel, “la corrupción urbanística, aquí y en toda Europa, es la cara oculta de un sistema de financiación ilegal de partidos políticos”. Según el profesor de la Universidad de Navarra, Antonio Argandeña (La financiación de los partidos políticos y la corrupción en las empresas) la financiación de los partidos se ha convertido, a menudo, en una causa de corrupción, principalmente en dos sentidos: porque se utilizan sus aportaciones para obtener ventajas legales e inmorales (soborno) o porque desde los partidos o candidatos se presione a los donantes para pedirles dinero a cambio de no hacerles daño o propiciarles un beneficio (extorsión). Y detrás de todo ello las ominosas condonaciones de deudas de los bancos a los partidos, tratadas como una inversión negociada -se habla también de una condonación de deuda hasta de la SGAE-, o la tolerancia legal del Tribunal de Cuentas que sólo castiga la financiación ilegal con una  multa económica, que puede pagarse a plazos a través de las subvenciones públicas.

      Pero claro, nada de esto parece que suceda. Que va. Todo se circunscribe a los ayuntamientos, porque se toma como excusa que unos cuantos descerebrados, una minoría entre los cargos electos de más de ocho mil municipios, participan en el juego sucio de cobrar y quedarse con una parte de la comisión. Es una vuelta de tuerca más al intento de tratarnos como imbéciles.

    Sin embargo la realidad abre abismos preocupantes entre la democracia formal y los ciudadanos de a pie. Lo demuestran los últimos datos de TI donde los españoles creen que  los partidos políticos son la institución más corrupta o la última encuesta del CIS donde se señala a la clase política como uno de los principales problemas de España, por encima del terrorismo. La crisis, los niveles de pobreza y paro y los índices de corrupción conforman un peligroso cóctel de alcance incalculable. Ahora, más que nunca, la Justicia debe ser ágil e independiente y debe castigar con toda la dureza del mundo a los que traicionan la confianza ciudadana, así como evitar linchamientos públicos y mediáticos que sitúen en un segundo término la firmeza de lo juzgado, porque lo contrario es alimentar un populismo peligroso. 

       La desmotivación ciudadana, el desapego de lo público, el alejamiento de las urnas, requiere un gran pacto de Estado, que sustituya la partitocracia derivada en una peligrosa connivencia de lo público y el mundo de los negocios y reivindique la dignidad de la política, con mayúsculas. El riesgo al que se está sometiendo a esta democracia es superlativo. Para ello se hace necesaria una auténtica separación de poderes, un compromiso firme por la lucha contra la corrupción, por la transparencia en la financiación de los partidos y por un nuevo modelo socioeconómico. Pero por encima de todo, la ciudadanía como valor supremo, que debe tomar las riendas, alejarse del voto cautivo o de la deserción de las urnas. Como dice el escritor Bernardo Kliksberg  “cuanto más equitativas las sociedades y mayor participación de las mayorías, en educación, salud, información e incidencia en las decisiones, mejor podrán vigilar, y protestar, y menor será la corrupción”.

     (*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.

Imagen: Corrupción, esa lacra.