Antonio Morales Méndez (*)

Es descorazonador, terriblemente descorazonador, que con la que nos  está cayendo (somos la comunidad autónoma con el porcentaje más alto de parados, la de mayor fracaso escolar, la segunda en no aplicar la Ley de Dependencia, la del vagón de cola en energías renovables...) nuestras instituciones y muchos de sus representantes –fruto de la depravada conjunción de intereses políticos y empresariales que se ha instalado en nuestra tierra en los últimos años- se encuentren utilizando la mayor parte de su tiempo, durante meses y meses, en ensayar todas las fórmulas posibles para salvarse de la acción de la justicia, en vez de ocuparse de gestionar lo público con rigor, solvencia y transparencia, que es lo que deben hacer.

            A nivel estatal el Partido Popular anda sacudiéndose a la desesperada de la que se le viene encima en Valencia, Madrid y ahora por último con la financiación ilegal de su partido a través de Fundescam con la participación fraudulenta de lo más granado de la cúpula empresarial. Aquí, en Canarias, desde hace algunos años venimos asistiendo a unas maneras de hacer y entender la política por parte de este partido conservador que chocan, en muchos casos, con la legalidad vigente y, en otros, con la ética que debe presidir el noble ejercicio de la política entendida como servicio público y no cómo servirse de lo público para satisfacer egos, ambiciones, clientelas y mantener saneadas cuentas.

            Con la llegada de José Manuel Soria a la presidencia del Partido Popular, al gobierno del ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, al Cabildo Insular de esta isla y al Ejecutivo canario, la ristra de corrupciones presuntas o certeras, el nivel de crispación, de prepotencia y de desprecio al contrario y la siembra de dudas sobre la democracia y las instituciones que garantizan su funcionamiento han sido los protagonistas de los últimos años de la política canaria.

            Desde su gestión en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria nos empezamos a familiarizar con los titulares de periódicos que nos hablaban de La Favorita, el Canódromo, el solar de Pavía, el caso Churruca, la acusación de Luis Hernández de recibir trescientos millones de un importante constructor, la acusación de Marino Alduán de una operación urbanística fraudulenta en Las Mesas para beneficiar a un familiar… Daba la sensación  de que muchos curraban contra corriente.

            Con la llegada al Cabildo grancanario, con su guardia pretoriana y su escenificación palmaria de que estaba como mínimo seis escalones por encima de cualquiera de los habitantes de esta ínsula bananaria, vuelven a llover movidas singulares que vuelven a su vez a protagonizar las secciones de los escándalos y la mala vida de los medios de comunicación.

            Así, empieza a hacerse público el enorme escándalo del concurso de la energía eólica, que pasó a llamarse el Caso Eolo, sí el mismo que tanto daño ha hecho a Canarias y que nos ha situado a la cola en generación de energías renovables. Al tiempo comienzan a destaparse los casos Isolux, Brisan en Santa Brígida, Góndola en Mogán , Faycán en Telde y las irregularidades en el Patronato de Vivienda “Francisco Franco”. Es el momento de la Gran Marina, de los recibos peculiares del alquiler de su casa y  la retirada de Megaturbinas de la realización de un gran parque eólico en Arinaga mientras, por las mismas fechas, la Autoridad Portuaria abría camino al empresario Esquivel, su casero, a una concesión que le podría haber hecho titular de uno de los parques eólicos más rentables del mundo. Es el momento también del caso Salmón y todas sus secuelas hasta hoy. Por estos predios la avanzadilla era Rodríguez de Vivar que, desde Europa,  pretendía conquistar el mundo.

            Desde su cargo en la vicepresidencia del Gobierno de los canarios la situación no se ha atemperado. A principios de este año, su otro aliado en tantas prácticas y querencias, Domingo González Arroyo, lo reta  a un debate público y lo acusa directamente de su participación en los casos Tindaya y Tebeto, unos asuntos que han hecho un enorme daño a las arcas del Gobierno canario. Le amenaza el Marqués de las Dunas con “ponerlo todo sobre la mesa” y con “algunas cosas más que todavía no han salido a la luz”.

            Mientras esto sucede, mientras algunos casos se dilucidan en los tribunales o en el Parlamento, en una huída a la desesperada, en una vuelta de tuerca más al potro de tortura de la credibilidad de la democracia y sus instituciones, el vicepresidente de todos los canarios, una de su más altas representaciones, comienza a aventar el estiércol y a acusar a diestro y siniestro a jueces y policías y a grabar, o permitir que se haga, para luego utilizarlas, conversaciones privadas entre él y uno de los imputados en uno de los tantos procesos judiciales que tienen abiertos él, muchos de su cargos institucionales y algunos militantes de su partido.

            Jamás en estos últimos treinta años de democracia se habían vivido en Canarias momentos tan graves de degradación política. Jamás se había puesto en Canarias de esta manera, a los pies de los caballos, un sistema democrático que requiere responsabilidad, mesura y buen gobierno de sus representantes institucionales. Nunca habíamos vivido momentos de crispación, de irresponsabilidad y desgobierno de lo público como los que ahora estamos padeciendo.

            Y cuando esto sucede, cuando se ponen sobre la mesa acusaciones públicas de delitos flagrantes o cuando se constata que no estamos ante hechos aislados sino que se producen acciones concatenadas, dimanantes de los mismos ámbitos de la actuación política, asistimos sorprendidos a un sistema judicial que parece mirar para otro lado. Como dice Alejandro Nieto en “El desgobierno judicial”, que ya he citado en otras ocasiones: “el juez espera pasivamente la excitación del fiscal y éste es el último que se entera y, si está enterado, espera a su vez las instrucciones de sus superiores”, y es que claro, también he hecho referencia a ello otras veces, no es lo mismo actuar contra un mindundi que contra un señor que, desde los círculos de poder puede quitar y poner a fiscales, ascender a magistrados y controlar a sus órganos de control. Y que conste que, llegados a este punto, a mi no hay nada que me haga más daño que la generalización perversa de meter a todos los políticos en el mismo saco y, por tanto, me siento absolutamente obligado a decir lo mismo de los jueces, de los que afirmo que su inmensa  mayoría hace filigranas para hacer su trabajo con dignidad, sorteando la escasez de medios y las presiones paralizantes.

            Así y todo no es para echar en saco roto el Informe Global de Competitividad que edita el Foro Económico Mundial, publicado el pasado 8 de octubre. En él se analiza la independencia judicial en el mundo y señala con claridad que, de un total de 134 países estudiados, España ocupa el puesto número 56, por detrás de países como Egipto y Arabia Saudí y justo por delante de Nigeria.

            Si estamos ante acusaciones  falsas y hay un montaje por parte de la policía, el PSOE y algunos jueces, se trata sin duda de un hecho gravísimo, de lesa democracia, digno de la peor de las dictaduras y que habría que desenmascarar y juzgar.

            Si las acusaciones son ciertas, y se siembran dudas sobre la honestidad, la profesionalidad y la salvaguarda del Estado de Derecho, estamos igualmente ante un hecho grave y peligroso que debilita al sistema democrático y sus órganos de control.

            En cualquiera de los casos habría que actuar urgentemente y llegar hasta el fondo del asunto. Otra cosa en que alguien se atreva.

            Esto es gravísimo para un Estado de Derecho, desde luego, pero más me parece que lo es el constatar que cada vez el desencanto y el desapego de lo público que tiene la ciudadanía es mayor. Que hay una parte de la sociedad que acepta esta descomposición sin traumas y sigue votando a los mismos y existe otra parte que se aleja de la política, de los políticos  y de las urnas con el mayor de los desprecios y las decepciones. En los dos casos sale victorioso un sistema ultraliberal que persigue como objetivo último debilitar a los estados y a sus gobiernos y desarmar al poder ciudadano. Así, de esta manera, toma las riendas sin control de la gobernanza mundial. No es otra cosa lo que esta sucediendo, y aquí en Canarias tiene buenos peones.

     (*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.

Imagen: El vicepresidente de todos los canarios en el TSJC