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Con la que está
cayendo en España donde un sector importante de la población padece
los embates de la crisis de una manera durísima – ya son 4.166.613
las personas sin empleo-; donde una parte considerable de la
ciudadanía vive por debajo del umbral de la pobreza; donde cada
día se destruyen pequeñas y medianas empresas; donde la
incertidumbre, la inseguridad y la desconfianza se adueñan de gran
parte del sentir colectivo; donde los partidos hacen de la política
una ópera bufa de enfrentamientos de cara a la galería, en una
suerte de continua batalla electoral encaminada pura y duramente a
ocupar espacios de poder…, los hombres y mujeres de este país
contemplan cómo la corrupción se apodera del paisaje de la política
y los negocios y las organizaciones más significativas del espectro
político exhiben ante todos nosotros, con total impudicia, un sinfín
de irregularidades y corruptelas que no hacen sino abonar, de
manera irresponsable y suicida, el desafecto hacia la política.
Con lo peor de la
crisis ocupando la realidad, los medios de comunicación no dejan de
trasladarnos cada día desalentadoras noticias sobre los políticos,
las empresas y la Justicia, como si la incapacidad de las
instituciones para afrontar lo que tenemos encima nos mostrara las
más bajas pasiones de los que deberían poner todo su empeño en
buscar alternativas a lo que estamos padeciendo.
Según la última
memoria del fiscal general del Estado, en estos momentos están
abiertas 720 causas judiciales contra cargos públicos, de las que
corresponden casi 500 al PSOE y al PP. En estos días estamos
descubriendo, tras la apertura del sumario del caso Gürtel, todo un
entramado de corrupciones que salpica a los populares, con su
tesorero Luis Bárcenas implicado hasta la médula y protegido por el
aparato del partido y a toda un complot de corrupción masivo que
apunta a la financiación irregular de este partido con derivaciones
ancladas en Baleares, Galicia, Valencia, Madrid, Castilla y León y
vaya usted a saber lo que irá saliendo de la lectura de los 50.000
folios del sumario. No se libra nadie y así aparecen presidentes de
autonomías en activos y ex ministros, entre otros, que parecen
confirmar las tesis de la Brigada policial de Blanqueo que habla de
una “caja B” desde la época de José María Aznar (no se olviden del
caso Naseiro y sus secuelas).-
Como si se
pretendiera disminuir los ecos de este peligroso escándalo,
aventando porquería, algunos medios de comunicación se han lanzado
estos últimos días a denunciar igualmente la connivencia de los
partidos con la banca, sí la misma a la que han acudido a salvar
con el dinero de todos y la misma que sigue cerrando el crédito a
las pymes y autónomos. Viene de atrás, claro, desde que se creara un
pool entre los siete grandes bancos de la época: Banesto, Central
Hispano, Bilbao, Vizcaya, Santander y Popular y otros medianos como
Sabadell, Pastor, March, etc, para soportar juntos los pufos de los
partidos a los que protege como una forma de control sobre sus
decisiones, pero en las últimas semanas ha saltado a la palestra el
informe del Tribunal de Cuentas que sitúa la deuda bancaria de los
partidos políticos en 191 millones de euros. Según el TC el PSOE
debe 58 millones a la banca y el PP 55, treinta y siete de ellos a
Banesto por la compra de su sede. Al tiempo, Unió es sancionada por
recibir donativos anónimos irregulares y la fiscalía le ha abierto
un expediente de investigación por una trama financiera ilegal. Ah,
pero el TC sólo pone una multita y a seguir con el jueguito. Al fin
y al cabo compensa, vaya si compensa.
En medio de todo
esto, ante la gravísima situación que se deriva de prácticas
ilegales y fraudulentas, un sector de la Justicia no se anda con
tapujos y pone toda la carne en el asador para intentar atenuar las
consecuencias legales que sobre el partido conservador podría tener
el proceso por el caso Gürtel. Las actuaciones del amiguísimo de
Camps, el magistrado De la Rúa, o los ataques a Garzón por parte de
un sector revanchista aliado con los más conservadores no son fruto
de la casualidad.
Y a río
revuelto…En estos momentos la Comisión Nacional de la Competencia
investiga a las eléctricas por ponerse de acuerdo para propiciar un
fraude en las tarifas que paga el consumidor, al alterar de común
acuerdo los tramos tarifarios. Y lo mismo sucede con 56
constructoras a las que se ha abierto también expediente por
prácticas anticompetitivas en las licitaciones de carreteras. Son
dos ejemplos significativos pero podría seguir citando una enorme
lista.
No es extraño
por tanto que este olor a podrido se visualice en el último informe
de Transparencia Internacional donde España gana posiciones en el
ranking de países corruptos (seis puestos en un año) y en el
Barómetro Global de la Corrupción donde se recoge que los españoles
creen que los partidos políticos son las instituciones más
corruptas, seguidos por las empresas.
Es lo mismo más o
menos que viene a decir la última encuesta del CIS que sitúa a la
política y a los partidos políticos como la tercera preocupación de
los españoles, por primera vez por encima del terrorismo. Y es lo
mismo que apunta el Barómetro de Opinión Pública del Consejo
Económico y Social de Canarias donde los canarios suspenden también
la gestión de los políticos.
Estamos ante un
sistema político bipartidista donde la necesidad de mantener unas
enormes estructuras administrativas y de poder, apoyadas en algunos
individuos de baja catadura moral, propician un alejamiento de la
realidad y estamos ante un sistema endogámico, poco democrático y
clientelar que impide la regeneración y la transparencia. Mantener o
alcanzar el poder son los únicos objetivos y para eso vale casi
todo, no importa la ideología, no importa poner la independencia
política en manos de los poderes económicos o mediáticos. Como decía
recientemente El País en un editorial: “La consecuencia es lo que
algún intelectual ha definido como desgobierno de lo público: una
suerte de partitocracia que, superando los cortafuegos
institucionales y convirtiendo lo público en patrimonio privado,
sustituye al Estado. Con los partidos en manos de una oligarquía
profesional sin escrúpulos, el Estado se convierte en un objeto de
rapiña y la política, en un negocio.”
Está muy claro
que estamos viviendo un momento especialmente delicado. La mezcla de
crisis y corrupción conforma un cóctel de impredecibles resultados y
la democracia no se puede convertir, apurando la situación, como
señalaba hace poco Ivan Krastov, miembro del Consejo Europeo de
Relaciones Exteriores, en la gestión de la desconfianza. Está en
nuestras manos plantar cara. Lo terrible es que todo esto sigue
profundizando en el descrédito de la política y el desafecto de los
ciudadanos con el enorme peligro que ello conlleva: “la desconfianza
en la clase política es peligrosísima, pues, en circunstancias
propicias, puede ser el prólogo de la tiranía” ha declarado
recientemente el filósofo mejicano Carlos Pereda...,pero de esto me
ocuparé en la próxima entrega.
(*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
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