|
Son
insaciables. No les ha bastado con crear un abanico de crisis
(social, económica, alimentaria, bélica, etc.) que ha puesto a
este planeta al borde del colapso, sino que ahora pretenden, con
la mayor de las impunidades, poner a los poderes públicos, a las
democracias, a la ciudadanía universal, debajo de sus tacones.
Desde los sótanos más lúgubres e inquietantes, los mercados, la
gran banca, el capital, mueven todo un entramado de poder y
especulación salvaje con el objetivo final de garantizarse el
dominio del mundo sin que apenas tengamos fuerzas ni medios para
reaccionar.
Cada día, los
medios de comunicación nos hacen llegar sus amenazas,
advertencias y acciones directas de manipulación del dinero,
bajando o subiendo las Bolsas a su antojo (“El dinero huye de
los mercados ante la indecisión política” era en estos días el
titular de un periódico) en una demostración mafiosa y obscena
de poder.
Pero lo que
está sucediendo estas últimas semanas en España, también en
otros lugares de Europa, es como para poner en marcha los
mecanismos de justicia universal, si no se los hubieran cargado
en uno de esos escasos acuerdos de “interés general” que
pactaron el PP y el PSOE. Una presión brutal de los mercados
obligó a José Luis Rodríguez Zapatero, traicionando a su
electorado, a sus principios de socialdemócrata defensor de los
derechos civiles y a la palabra dada por la que reiteraba que
nunca recortaría derechos sociales ni aceptaría la reforma
laboral, a anunciar un conjunto de medidas encaminadas a rebajar
el déficit español en las que se incluía la rebaja del sueldo de
los funcionarios, la congelación de las pensiones, la
eliminación de la retroactividad en las ayudas a la Dependencia
y la reducción de las inversiones públicas en infraestructuras,
entre otras.
El coste personal y político para el presidente ha sido
considerable. El rechazo de la sociedad española a estas medidas
ha sido rotundo. El desafecto a la política y a los políticos ha
aumentado de manera brutal. Las consecuencias pueden ser
desastrosas al provocar un incremento del número de parados y un
estancamiento del desarrollo económico y del consumo…pero,
efectivamente, todo esto no ha servido para nada y, además, no
les ha sido suficiente. Con todo el descaro del mundo, haciendo
alarde de su prepotencia y su poder, el Fondo Monetario
Internacional, con la anuencia del Banco de España, anuncia que
aunque las medidas adoptadas responden a lo que ellos habían
ordenado, todavía quedan muchas cosas por hacer.
Quieren más.
El mandato del FMI al Gobierno español es que en breve plazo de
tiempo tiene que ir a por las cajas de ahorros y a una reforma
“radical y urgente” del mercado laboral, además de culminar el
proceso por el que se amplía la edad de jubilación hasta los 67
años.
He insistido
en ello en muchas ocasiones, la más reciente la semana pasada en
un texto que titulé “La dictadura del mercado”, pero no me cabe
la menor duda de que la pretensión última en estos momentos es
desmantelar hasta lo infinito todo lo público y desarmar y
desactivar a la sociedad civil, incluso provocando su
enfrentamiento, para desde su debilidad y la de sus
representantes, controlar los estados, sus instituciones y el
futuro de la humanidad. No olviden que Margaret Thatcher
proclamaba a los cuatro vientos aquello de “menos Estado y más
mercado”, convirtiéndose en la “dama de hierro” de un sistema
depredador sin límites.
Con la
pretendida reforma del mercado laboral (que no es otra cosa que,
simplificando la contratación, alcanzar el objetivo del despido
libre) y la ampliación de la edad de jubilación intentan minar
los derechos laborales alcanzados tras siglos de lucha, aligerar
los sueldos hasta lo imposible –Ignacio Sánchez Galán, el
presidente de Iberdrola, uno de esos del Ibex que cobran
salarios multimillonarios, como el del FMI o el del BE, acaba de
afirmar que en el futuro “habrá que trabajar más por menos”- y,
sobre todo, implantar entre los hombres y mujeres trabajadores
el miedo, la incertidumbre, la precariedad, la dependencia y el
subsidio. Se trata de esclavizar a la ciudadanía, romper su
cohesión y solidaridad social, desorientarla, desarmarla,
hacerle renunciar a sus derechos inalienables y libertades,
enfrentarse con el de al lado vendiéndose al mejor postor en
ausencia de un convenio que le avale –fíjense que lo que se
propone es la negociación empresa a empresa-. Se trata de poner
en riesgo su salud desde la ansiedad y la ausencia de seguridad,
de hacerla más frágil y vulnerable, rompiendo su autoestima, su
independencia y la seguridad material que les exige la sociedad
de consumo. Se trata de crear grandes bolsas de exclusión que
quiebren cualquier tipo de democracia, incluida la económica,
como sucede ahora con nuestros más de cuatro millones de
parados, en los que se llevan la peor parte las mujeres, los
inmigrantes, las familias sin ningún tipo de recursos y los
jóvenes (el 52% sin trabajo). Se trata de crear más paro y más
situaciones de precariedad o indigencia, auspiciando las
restricciones del gasto público para frenar la recuperación de
los estados y aumentar las ganancias de los sistemas
financieros. Se trata de forzar la vida laboral hasta el último
aliento, quebrando el derecho a una jubilación en buenas
condiciones de salud.
Y con las
cajas sucede otro tanto. En Inglaterra y en Italia ya lo
consiguieron: las desmantelaron con un enorme coste social y de
exclusión financiera. Aquí llevan intentándolo varios años.
Desde el Banco de España se ha insistido una y otra vez en
obligarlas a fusionarse o a constituir un SIP (Sistema
Institucional de Protección) que no es otra cosa que forzarlas a
perder el control del negocio financiero y, por tanto, a la
desaparición de la Obra Benéfica y Social, que es lo que molesta
a los bancos. No pueden seguir admitiendo que estas entidades
sean las primeras en peso relativo, por encima de ellos; que un
alto porcentaje de la población las prefiera a la banca; que
sigan manteniendo en muchos casos esa cercanía a las familias y
a las pymes; que favorezcan el desarrollo económico de los
territorios más cercanos; que como no tienen accionistas, sus
dividendos vayan a parar a la sociedad a través de la obra
social y, muy importante para ellos, les duele muchísimo, como
acaba de confirmar en manifestaciones públicas el FMI, que
tengan democracia interna y un control político y de la sociedad
a la que sirven. Lo dijeron así de clarito: las cajas de ahorro
necesitan mayor disciplina de mercado y reducción de la
influencia política.
Como ha
escrito recientemente Carlos Berzosa, “se insiste en
“desregular” el trabajo, pero la única salida quizás esté en
“regular” las finanzas”. ¡Qué distinto sería si se aplicase un
impuesto riguroso a las ganancias de la banca, se persiguiera el
fraude fiscal -alrededor de un 8% del PIB- se actuara sobre el
patrimonio y los impuestos de los que más tienen…! También
incide en ello Eric Toussaint: “es necesario, pues, potenciar el
cambio de la estructura económica mediante el fortalecimiento
del sector público, la autoorganización de las bases y la
imprescindible presión popular”. Sólo así conseguiremos la
independencia de lo público y de la política democrática, en la
actualidad absolutamente secuestrada. |
