Antonio Morales Méndez (*)      

       A hurtadillas. Obviándose toda la debida información a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, se viene produciendo durante estos días en torno a la energía, un sector estratégico fundamental para el desarrollo y la supervivencia de un país, una serie de hechos de singular y grave trascendencia sin que apenas pasen de ser fútiles sueltos en los periódicos.

      Desde la  privatización del mercado eléctrico, de una dureza extraordinaria al facilitar con total alevosía el enriquecimiento privado a costa de los recursos públicos y propiciada por el ínclito José María Aznar con la Ley del Sector Eléctrico de noviembre de 1997 y la Ley de Hidrocarburos de mayo de 1998, el sector no ha frenado sus ansias de enriquecimiento, más allá de las leyes del mercado y del orden jurídico. No le ha pagado mal  el neoliberalísmo a nuestro expresidente, quizás por eso se dedica con una fidelidad absoluta a la defensa del negacionismo del cambio climático y a asesorar a importantes empresas americanas de electricidad como Doheny, News Corporation y J. E. Roberts, cuando no a sacar a la luz en EEUU informes contra el potencial español de generar tecnología para las renovables.

       Desde esas fechas hasta la actualidad hemos asistido, sin descanso, a continuas maniobras especulativas de compraventa y de monopolización del mercado; de arribadas de las constructoras al pelotazo eléctrico fácil; de cesiones de propiedad de unas empresas españolas antes públicas, de todos, a empresas estatales de otros países como Italia (Enel se hizo con Endesa), Alemania (E.ON se apropió de Viesgo) y ahora Francia (que va a por Iberdrola); de continuas presiones y chantajes a los gobiernos de turno para frenar las renovables y para subir las tarifas, etc.

      Pues bien, hecha esta introducción, déjenme que comparta con ustedes los más cercanos acontecimientos protagonizados por este oligopolio. La historia de este último culebrón-estafa se remonta a principios de octubre de este año cuando se nos informa que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) abría un expediente a nueve eléctricas por alterar el mercado para aumentar ficticiamente el precio a pagar por los ciudadanos españoles. Según los técnicos de la CNC, Iberdrola, Endesa, Gas Natural-Fenosa, Hidrocantábrico, E.ON, Electrabel, Aceca, Elcogás y Nueva Generadora del Sur, aprovechándose de su condición de oligopolio forzaban artificiosamente el sistema de riesgo de suministro (se conoce como mecanismo de restricciones técnicas) para cobrar también unas tarifas a los ciudadanos artificiosamente altas. Una auténtica estafa organizada que no se produce por primera vez, ya que el año pasado la CNC les abrió también un expediente por falseamiento del sistema de formación de precios, algo que, por otra parte, les afecta muy poquito porque, por ejemplo, Gas Natural fue sancionada hace poco por las mismas prácticas con 1,5 millones e Iberdrola con 15,4, lo que no les supone nada más que suaves cosquillas, ya que es más o menos el equivalente a lo que cobran los presidentes de las compañías al año. ¡Una auténtica  vergüenza y una auténtica injusticia!

       Pero lejos de esconderse y pedir perdón, el sector se rearma y pasa a un durísimo contraataque organizado contra el Gobierno español desde varios frentes. Así, mientras el ministro Sebastián negociaba con los representantes de las renovables los cupos y las subvenciones para los próximos años, los señores de las eléctricas convencionales inician una escalada de presiones al ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Un día sí y otro también  aparecen en escena personajes como Rafael Villaseca (Gas Natural y por tanto La Caixa y Repsol) o Antonio Brufau (Repsol YPF) criticando al gobierno por querer ser “el primero de la clase” en la lucha contra el cambio climático por su apoyo a las energías renovables y cuestionando igualmente las primas que el ministerio concede a las energías limpias, de las que llegan a pedir la total eliminación. ¿Y todo esto por qué?  Porque su objetivo prioritario es sacar sus bolsas de gas excedente, que tiene una tendencia de precio alcista, mientras que las renovables tienden a la baja y a demostrar su tremendo potencial, como lo hizo a principios de noviembre, alcanzando en la madrugada del día 8 un hito de producción del 53 % de la demanda peninsular. Y eso no les conviene.

       Les importa un comino que las energías limpias sean una auténtica garantía de futuro; que abran enormes posibilidades a la creación de un millón de empleos en los próximos años; que signifiquen una contribución estructural a la productividad, la competitividad, la exportación y el desarrollo económico; que no estén sujetas a condicionantes políticos externos como la OPEP o a la escasez de los fósiles.

       Les importa un comino lo que dice un estudio que acaba de publicar Deloitte en el que se afirma que, frente a los 2.605 millones recibidos en primas por las renovables en 2008, el sector redujo en 4.919 millones el precio de generación de energía, evitó importaciones por 2.725 millones, aportó 1.277 millones a la balanza comercial, recortó en 499 millones las emisiones de CO2, tuvo 404 millones de superávit fiscal y destinó 315 millones a I+D+i. Y, además, evitó la emisión de 18.600 toneladas de óxido de nitrógeno y de 34.300 toneladas de azufre, lo que, trasladado al impacto de estos elementos sobre la salud, equivale a 2.430 años de vida y 132 millones en gastos sanitarios.

       ¿No justifica todo esto que se prime un modo de generar energía que implica enormes beneficios (que también se deberían cuantificar en dinero) frente a otro que contamina, nos hace dependientes del exterior, tiene enormes gastos ocultos y muchísimas subvenciones indirectas?

      Como quiera que el Gobierno central desoye estas presiones sellando la paz con las renovables al garantizar cupos y primas hasta 2012, la estrategia se dirige entonces a conseguir que la Comisión Nacional de la Energía asuma una subida del 18% en las tarifas eléctricas a los consumidores para el 2010, con el argumento de que las primas a las energías limpias generan un déficit a los productores convencionales. Desgraciadamente el Gobierno se pliega a este ultimo embate proponiendo para enero un aumento en la tarifa de acceso del 14,23%, lo que significa un 7% para 22 millones de hogares a los que, en plena crisis somete a una nueva e importante pérdida de nivel adquisitivo o, peor aún, a la imposibilidad de poder pagarla en el caso de las familias con miembros en paro. En realidad, estamos asistiendo a la consolidación de un aumento real cercano al 40% en apenas dos años.

       Lo terrible de todo esto es que el  déficit es un montaje del oligopolio -no sólo lo llamo yo así, un estudio del banco alemán Commerzbank lo ratifica con contundencia- al que se pliega, una y otra vez el Gobierno que corresponda.

       Para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) este presunto déficit es un invento pues se parte de una división ficticia entre productora, distribuidora y comercializadora, que en el fondo son la misma.”Se trata de un artificio contable que apunta en el déficit a la empresa distribuidora y genera un beneficio a la productora. No se entiende si no, que las empresas de este calibre tengan un volumen tan grande de déficit y por otro lado presenten un beneficio extraordinario”. De miles y miles de millones de euros, digo yo.

         El objetivo es  llenar y llenar las arcas de un emporio incontrolable y además frenar la democratización del sistema estatal de generación de energía. Y eso lo pagamos todos los ciudadanos de a pie, sin que, por lo visto tengamos a nadie que nos defienda.

     (*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.                                                 Imagen: Energías renovables