Antonio Morales Méndez (*)

      A lo largo de los últimos años he insistido, en muchas ocasiones, en denunciar la escasa preocupación y la enorme negligencia a la hora de potenciar e implantar en Canarias cualquier modelo de energía  renovable, frente a la decidida apuesta por los combustibles fósiles y, más en concreto del gas, en una suerte de conchabeo político- empresarial de dudosa transparencia y cumplimiento cabal de la legalidad.

      En distintos foros he señalado que nos encontramos a la cola de las comunidades españolas en producción de energías limpias. En algunas de ellas, como Navarra, se alcanza un 70%, frente a nuestro mísero 4%. A pesar de que estamos rodeados por el Atlántico, no hemos hecho nada por investigar la energía mareomotriz; aunque disponemos del mayor número de horas de insolación, nos vemos imposibilitados para instalar plantas fotovoltaicas, porque la empresa que ostenta el suministro energético en régimen de monopolio impide la conexión a la red de la energía generada por el sol; hemos desperdiciado también la oportunidad de generar energía geotérmica, y eso que somos todo magma; no hemos avanzado nada en la producción de biogás aprovechando los vertidos que hoy se acumulan en vertederos nauseabundos .

      Mientras en distintos lugares de Europa ya andan a velocidad de crucero instalando parques eólicos dentro del mar (he tenido ocasión de ver un prototipo que incluye depósitos de gas y  granjas piscícolas), en esta tierra nuestra, con las mejores condiciones para producir energía a través del viento (en Agüimes se encuentra el parque eólico record del mundo en producción continua de energía), desde  hace más de diez años no se instala un nuevo aerogenerador que no sea para consumo asociado aislado. Sí, se trata de toda una década perdida porque la  corrupción -caso eólico-, la inacción y  la incompetencia se han adueñado de la práctica política, con un alto grado de complicidad técnica.

     Cuando, tras la realización del último concurso eólico, todo parecía alcanzar visos de normalidad, volvemos a tropezarnos cada día con sorpresas que anegan de despropósitos y obstáculos el aprovechamiento del viento. Primero fue Lanzarote quien puso el grito en el cielo al dejarse a Inalsa fuera de cualquier posibilidad de acceder a un parque propio y fue necesaria la revisión del concurso. Luego serían Fuerteventura y La Palma las islas que obligaron a cambiar las adjudicaciones realizadas en un primer momento. Más tarde vendría la confirmación de que en Fuerteventura, al no tenerse en cuenta las determinaciones del PIOT, los cuatro parques que le correspondió se adjudicaron en suelo rústico protegido, lo que los hace inviables. En Gran Canaria, donde más de una cuarta parte le “toca” a un solo empresario -con alguna coincidencia “casual” con algún miembro preclaro del Gobierno- resulta que sucede lo  mismo al chocar de frente con las delimitaciones de  nuestro Plan Insular de Ordenación del Territorio. En el conjunto de Canarias se han presentado un total de 138 reclamaciones a la resolución del concurso y la mayoría de los afectados coinciden en señalar enormes errores y contradicciones.

    Pues bien, cuando casi todo esteba dicho y digerido- aunque queden  por resolver los recursos grancanarios-, cuando nuestra capacidad de sorpresa parecía ya casi agotada, nos topamos con una realidad kafkiana que no pasa de ser pura inoperancia, insolvencia e irresponsabilidad, y que quiero compartir con la sociedad canaria, siquiera para lamernos juntos las heridas, que desgraciadamente parece que es lo único que nos queda. Y la verdad no es otra que la imposibilidad de que el 99% de los parques eólicos adjudicados en Canarias puedan  instalarse.

     Sí. Efectivamente. Los parques eólicos adjudicados no van a poder instalarse, y aunque parezca que el siroco me ha dañado las neuronas, la realidad es muy tozuda y, desgraciadamente, todo el trabajo realizado no ha servido para nada. Les explico.

     Increíblemente, la convocatoria del concurso por parte de la consejería de Industria obvió cualquier requerimiento referido a planeamientos urbanísticos o medioambientales y estableció un mapa de ubicación que ha hecho que la práctica totalidad de los proyectos presentados estén en suelo rústico, que a su vez se divide, según la Ley del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, en cuatro tipos: los que precisan protección ambiental que impide la existencia de parques eólicos (este es el caso de Fuerteventura, que se quedará sin energía eólica por muchos años); los que precisan protección de sus valores económicos (agrarios, forestales, hidrológicos, mineros o de infraestructuras); los que contienen formas tradicionales de poblamiento rural ( por su singularidad aquí no cabe ningún parque) y los de protección territorial.

      La práctica totalidad de los parques grancanarios se encuentran situados en suelo rústico de protección económica. Pues bien, el mismo gobierno de Canarias promulga la famosa Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, que ve la luz el 12 de mayo de 2009, y, aquí está la sorpresa: en el artículo 4 del régimen del suelo rústico, en su apartado cuatro, nos dice textualmente: “en suelo protegido por razón de sus valores económicos a que se refiere la letra b) del artículo 55 anterior se podrá autorizar la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica, o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables, siempre que no exista prohibición expresa en el Plan Insular de Ordenación, en los Planes Territoriales de Ordenación o en el Planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos que resulten aplicables al ámbito donde se pretenda ubicar la instalación.

       En todo caso, las instalaciones autorizables deberán respetar los siguientes requisitos: a) la potencia máxima será de 1,5 MW (1.500 KW)”

     Si un solo molino tiene entre 0,90 y 2,00 MW, esta Ley de Medidas Urgentes hace imposible la instalación de más de un aerogenerador en los parques eólicos ganadores del concurso, ya que prácticamente todos están en suelo rústico de protección ambiental o económica.

    El mismo Gobierno canario redacta una ley que destroza, así, con todas las letras, el concurso cuando está a punto de culminar su proceso. Habrá que volver a empezar. A desandar el camino y  de nuevo otros cuatro o cinco años sin que se instale un aerogenerador. Cada vez más a la cola. ¿Y las posibles peticiones multimillonarias de indemnización? ¿Estamos ante un nuevo Tebeto, esta vez no de piedra sino de viento? ¿Se nos habrá llevado el viento la vergüenza y la capacidad de reacción? ¿No habrá responsables de este desaguisado?

      Si al menos sirviera para que se reconsiderara todo y se pusiera esta energía en manos públicas…, pero me temo que no, las cartas están muy marcadas.

     (*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.

Imagen: Tebeto eólico.