Antonio Morales Méndez (*)

            Hace ahora casi un mes, escribí en este mismo medio sobre la necesidad de asegurar a todos los ciudadanos, en esta época de crisis, la percepción de un salario que garantizara los principios de igualdad, libertad e independencia y que rompiera de manera tajante con esta espiral de inseguridad, paro y pobreza que se ha instalado en nuestra sociedad, abriendo enormes abismos en su seno.

            La realidad es que, en estos momentos, el número de parados en España supera los cuatro millones de personas, lo que significa un 20% de la población. En Canarias, la situación es aún más alarmante ya que casi 300.000 ciudadanos, es decir un 27%, permanece en situación de desempleo y más de cincuenta mil canarios dejaran de recibir prestaciones en los próximos meses.

            Para los ciudadanos españoles, según el último Barómetro del CIS, el paro es el principal problema al que nos enfrentamos y el propio Gobierno reconoce, frente a otras predicciones aún más pesimistas, que la cifra de desempleados seguirá superando los cuatro millones en 2012.

            Mientras el número de personas sin ocupación sigue aumentando; mientras el número de familias sin ningún tipo de subsidio económico alcanza una cifra demoledora y las ratios de pobreza severa llegan en algunos lugares a porcentajes superiores al 30%; mientras ocho millones de españoles viven por debajo del umbral de la pobreza; mientras aumentan los contratos fraudulentos y abusivos, mientras Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial advierte seriamente del riesgo de una grave crisis social y reconocía a El País que “lo que empezó como una gran crisis financiera y se convirtió en una profunda crisis económica, ahora está derivando en una gran crisis de desempleo y, si no tomamos medidas, hay riesgo de que llegue a ser una grave crisis humana y social”…

            Mientras todo esto sucede aparecen, como tiburones al olor de la sangre, personajes como Claudio Boada, presidente del Círculo de Empresarios, por personalizar en uno de tantos, que aboga por abrir brechas en los logros alcanzados por los trabajadores durante siglos de luchas históricas.

            Al tiempo que se propicia un debate por un grupo de cien expertos, que proponen una flexibilización del trabajo,  al que se enfrenta otro de quinientos rechazando el despido barato y reclamando flexibilidad en las empresas antes que despidos (“el Estado ha de intensificar sus esfuerzos para paliar los efectos de esta crisis en los trabajadores, extendiendo las redes de protección a todos los desempleados y alargándola en el tiempo”), yo quiero insistir hoy aquí, en esta reflexión compartida, acerca de la necesidad de instaurar de manera urgente en este país un Salario Universal Garantizado ó una renta básica que asegure la libertad, la seguridad, el disfrute pleno de sus derechos y el no sometimiento de sus hombres y mujeres, que difiere enormemente, por su carácter asistencial, de la medida adoptada por el Parlamento balear de garantizar por ley ropa, comida y techo a sus ciudadanos.

            Con este objetivo he estado en estos días ahondando en algunos textos, que me parecen profundamente democráticos, de marcado acento social y progresista, de búsqueda de libertad real para todos, de los que deseo trasladarles algunas ideas.

            En el artículo “Justicia, Libertad y Solidaridad. La filosofía política de Philippe Van Parijs y la propuesta del salario universal garantizado”, publicado en la revista Politeia, el profesor Oscar Mejía Quintana nos habla de la importancia de explorar presupuestos éticos y reconstruir normativamente un modelo que permita articular la concepción de justicia solidaria que  supone la propuesta , desde el liberalismo, de un salario universal garantizado a través de un ingreso básico no condicionado para todos que se trataría, según Van Parijs, de un ingreso pagado por el Gobierno a cada miembro pleno de la sociedad, sin tener en cuenta si es rico o pobre, sin importar con quien vive y  con independencia de la parte del país en que viva. Para Roberto Gargarella, se trataría de asegurar a todos los individuos un ingreso bastante, incondicional y sostenido que sea suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

            Según Daniel Raventós, en “Una renta básica en una economía deprimida”: “aunque la pobreza no es sólo privación y carencia material, diferencia de rentas (porque es también dependencia del arbitrio o la codicia de otros, ruptura de la autoestima, aislamiento y compartimentación social de quien la padece) una renta básica equivalente al menos al umbral de la pobreza, pocas dudas hay, sería una forma de acabar con ella, si no completamente, cuando menos de dejarla en porcentajes muy marginales. En una situación de depresión económica en la que, como ha quedado dicho, los porcentajes de pobreza aumentarán de forma significativa, pudiéndose llegar pronto a una proporción de un pobre cada cuatro habitantes (ahora es uno de cinco), la renta básica representaría un buen dique de contención de esta oleada de pobreza”.

            Para otros pensadores como Stuart White (“La justificación republicana de la renta básica: consideremos sus dificultades”), la renta básica eliminaría o reduciría la dependencia que señalaba Rousseau en su “Discurso sobre la desigualdad”: “lo peor que le puede pasar a uno en su relación con los demás es que se encuentre viviendo a merced de otro”. Se trataría de proteger la libertad como no-dominación.

            Carole Pateman (“Por qué republicanismo”) nos dice que la renta básica debe ser incondicional y ante la controversia y la posibilidad de crear ciudadanos ociosos –frente a la “afirmación de que la independencia material constituye un necesario punto de partida para la libertad y la ciudadanía individual”-, afirma que “en un mundo opulento como el de hoy, la presencia de una cierta cantidad de haraganes es el precio que hemos de pagar para la promoción de una libertad individual verdaderamente democrática, del mismo modo que hoy toleramos y hasta aplaudimos la presencia de ricos y famosos entregados en cuerpo y alma a la holgazanería”. Probablemente este pueda ser uno de los aspectos más controvertidos de esta propuesta, aunque casi todos los analistas coinciden en afirmar que la renta básica animaría más que frenaría la capacidad del individuo por superarse a través del trabajo.

            Antonio Doménech y Daniel Raventós, en “Propiedad y libertad republicana: una aproximación institucional a la renta básica”, citan a Robespierre como el primero que habló del “derecho a la existencia”, en 1794, para “expresar la idea de que la sociedad debe garantizar a todos sus miembros, como primer derecho, el de existir material y socialmente” e insisten en la necesidad de que toda la ciudadanía sea materialmente independiente, y que “en las sociedades de principio de siglo XXI, una renta básica podría ser el instrumento más efectivo de garantizar institucionalmente esta independencia material”.

            Por último, Philip Pettit, en “¿Un derecho republicano a la renta básica?” considera que ésta no puede ser una concepción graciable del Estado sino un derecho como es el de la educación o la sanidad. Si la libertad es la ausencia de interferencias, esta renta garantiza el principio básico desde la suficiencia y la independencia. Se eliminaría así el factor de control y dominación que supone el depender de la buena voluntad de los demás y la consideración de pertenecer a “una clase aparte”.

            En el manifiesto “En tiempo de crisis, soluciones para la gente”, elaborado por la Fundación Cultura de Paz, que preside Federico Mayor Zaragoza, se insiste en la creación de una Renta Básica de Ciudadanía, que se viene aplicando, en forma parcial o total, en países como Canadá, Alaska o Brasil, y que se obtendría desde la realización de ajustes fiscales. Plantea que “la oportunidad de trabajar ya no depende tanto de la voluntad del individuo como de los complejos e injustos mecanismos del mercado en relación con ese artificio social que es el empleo”, y que después de la conquista de la democracia política es necesario reivindicar una democracia económica que “garantice a todas las personas de nuestro país unas percepciones económicas mínimas que le permitan vivir dignamente”.

            La Fundación Cultura de Paz propone que “en un primer momento, y con carácter urgente, podría aprobarse su implantación para todas aquellas personas, mayores de 18 años, que por haber perdido su empleo, por su condición de pensionistas o por otras razones, perciben prestaciones sociales inferiores al salario mínimo interprofesional, lo que aportaría estabilidad económica y emocional a quienes están sufriendo injustamente la consecuencia de los desmanes del mercado”.

            En cualquier caso, al margen de disquisiciones filosóficas y de teorías políticas y económicas, insisto en demandar medidas urgentes y contundentes que saquen de la depresión, la marginación, el hambre, la impotencia y la rabia, a millones de conciudadanos que lo están pasando muy mal y que necesitan de medidas inmediatas que garanticen su supervivencia y sus libertades plenas, en un Estado de Derecho como el nuestro. Los que viven en “otras latitudes“, no tienen sino que preguntar a instituciones como los ayuntamientos españoles o Cáritas, que son los que realmente están dando la cara en estos momentos. Hoy, más que nunca, se precisan medidas progresistas, arriesgadas y valientes. La izquierda debe marcar distancias con la derecha desde propuestas como esta frente a la coincidencia a la hora de aportar cantidades ingentes para salvar a la banca.

     (*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.

Imagen: Cada vez peor