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Antonio Morales Méndez (*)
El acuerdo agrícola alcanzado entre Marruecos y la Unión Europea,
coincidiendo en el tiempo con la crisis abierta por el caso de la
activista saharaui Aminatou Haidar, ha servido de excusa al Partido
Popular para iniciar otra andanada contra el PSOE en esa lucha sin
cuartel, irresponsable y electoralista, que mantiene el principal
grupo de la oposición española. Los populares, con la participación
de satélites autonómicos que pretenden pescar en ríos revueltos, en
lugar de la necesaria actitud de rigor en los planteamientos y de
consenso para defender a un sector estratégico para la economía y la
identidad de un pueblo, vuelven a utilizar la agricultura como
excusa para este enfrentamiento sin fin.
No sirve de nada
por lo visto el echar mano de la memoria histórica y de las
hemerotecas para recordar que con el Gobierno de José María Aznar se
ratificó el primer acuerdo firmado con Marruecos por Luis Atienza
en 1996 por el cual se comenzó a labrar la muerte del tomate canario
y peninsular y para, recordar, también, que la agricultura ha sido
siempre una moneda de cambio y la cenicienta de los sectores
productivos españoles y canarios. Pero lo cierto es que, de nuevo,
se vuelve dar una vuelta de tuerca al potro que asfixia al sector
primario español en su conjunto.
Está claro que, al
margen de los condicionantes estratégicos que se hayan podido
valorar para propiciar el acuerdo, el tomate canario y peninsular da
un paso más hacia ese pozo sin fondo al que las administraciones
públicas, en algunos casos con la complicidad de los propios
agricultores, han condenado al sector.
Al permitirse a
Marruecos aumentar su producción hasta las 257.000 toneladas, más un
cupo adicional de 28.000, con un precio inferior en un 40% al que se
produce en las islas y en la península -entre otras cosas por los
costes de producción derivados principalmente de la diferencia de
los salarios- no cabe la menor duda de que la estocada es definitiva
y que, como ha sucedido con el plátano y la pesca, sólo nos queda
vivir subvencionados hasta que las circunstancias lo permitan. Se
trata del resultado último de una política errónea, despreciativa,
de todos los partidos que han gobernado España en los últimos años.
Así hemos sido
testigos de la entrada masiva de virus letales por la ausencia del
control necesario en puertos y aeropuertos; de las pírricas
sanciones a los desaprensivos que pudieron ser cazados; de las
ayudas deficitarias al transporte; de años y años de retraso en el
cobro de las subvenciones…, y también es verdad que lo hemos sido de
la actuación insensata de agricultores que han burlado la Ley
importando contenedores de Latinoamérica o África de manera
irregular o que han desplazado su actividad hacia el reino alauita,
como ha sucedido con los almerienses de Duroc, los granadinos de
Safiland y algunos canarios, hasta llegar a copar el 16% de la
producción tomatera marroquí.
Pero la crisis
del tomate es sólo una parte del problema. La realidad es que el
campo agoniza a pasos agigantados. En los últimos cinco años se han
perdido alrededor de 124.000 empleos y la deuda del sector supera ya
la producción anual. El campo se muere. Los pueblos se abandonan,
envejecen y con ello desaparece también una parte fundamental,
imprescindible, de nuestra cultura. El sector primario resulta
estratégico para el equilibrio territorial, para la generación de
empleo, el mantenimiento de la cultura y el patrimonio rural, el
paisaje y el ecosistema y la biodiversidad, pero los gobiernos de
turno miran para otro lado. Se dedica mucho dinero a rehabilitar los
espacios arquitectónicos rurales pero, al tiempo, se atenta
directamente contra el medio de subsistencia de sus habitantes.
A finales de
noviembre los agricultores españoles salieron a la calle, en un
grito inusitado, para defender su modo de vida. Nos pudimos enterar
entonces que el aumento de los costes de producción ha crecido desde
2005 en un 34% como media; de la caída de las rentas en un 25%; de
la presión sobre los precios de los intermediarios y las grandes
cadenas de distribución sin que se fijen unos precios mínimos; de la
ausencia de mecanismos de regulación de los mercados; de la falta de
ayudas a la agricultura familiar, lo que hace que sólo sobrevivan
los más fuertes; de la permisividad de importaciones no comunitarias
con las que es imposible competir; de la falta de créditos
asequibles para poder subsistir; de la presión urbanística; de la
necesidad de que se propicie un pacto de Estado para frenar su
desaparición…
En Canarias, la
deuda de la agricultura, según Rafael Hernández, responsable de COAG,
está en torno a los 160 millones de euros y el volumen de negocio
sobre los cien millones, lo que impide cualquier posibilidad de
recuperación si no se toman medidas contundentes. Pero claro,
mientras, importamos el 85% de los alimentos que consumimos los
canarios y nos situamos a la cabeza de las comunidades en carestía
de la cesta de la compra. Y eso que la comisión que se constituyó en
el Parlamento de Canarias en 1996 para el estudio del Régimen
Específico de Abastecimiento (REA), según el profesor Juan S. Nuez,
deja claro que “la consideración del POSEICAN como marco de
desarrollo general de Canarias y el REA como instrumento necesario
para la aplicación de la PAC, exige un perfecto ajuste entre
producción agraria y ganadera, industria agroalimentaria y actividad
comercial importadora” y que “deben predominar los criterios de
desarrollo interior reflejo de la política económica del Gobierno de
Canarias sobre los simplemente comerciales”.
Estamos a años
luz de que esa subordinación del REA a la producción interior se
cumpla. Sí señor, a años luz. Como afirma Gustavo Duch, ex director
de Veterinarios sin Fronteras, “todo apunta hacia una agricultura
sin campesinos, en manos de la gran agroindustria y ahora –como una
punta de lanza- las grandes cadenas de distribución” cuyo modelo
pasa por “deslocalizar la producción a terceros países donde las
medidas sanitarias y medioambientales son más permisivas, y donde
van para aprovecharse de mano de obra que estrujan olvidando sus
derechos laborales y humanos”.
Desde luego esto
no caza en absoluto con la Ley de Economía Sostenible que defiende
Zapatero ni con el desarrollo sostenible que dice querer impulsar
Paulino Rivero. Se necesita algo más que palabras.
(*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
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