Antonio Morales Méndez (*)

       Para la profesora de la Universidad de Granada Susana Corzo Fernández, “la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas pudiera ser un estadio previo al fortalecimiento de un Estado débil, pero el descrédito continuo de las instituciones llegará a ser la consecuencia de un Estado enfermo, si la clase política no lucha por devolverle, desde la racionalidad y la mesura que conllevan la práctica de la responsabilidad política, el valor que tiene y la función que presta de servicio a la  ciudadanía”.

       Salvo para aquellos que se han enquistado en la más temible de las luchas para obtener el poder por el poder, a los que les trae al pairo el interés general de la ciudadanía, está cada día más claro que el descrédito de las instituciones, de la política y de los políticos se ha instalado en nuestra sociedad, abriendo preocupantes y peligrosos abismos entre los ciudadanos y las representaciones democráticas formales.

      Al hilo de todo esto, quiero compartir con ustedes una reflexión sobre tres hechos significativos que han copado las principales y más abundantes páginas de los medios de comunicación durante el mes de agosto y que no vienen sino a ratificar lo que señalo en los dos primeros párrafos de este artículo. Frente a la rutina que provoca la inacción del verano y las vacaciones de la mayoría de los españoles, durante este último agosto una triada de hechos han puesto sobre la mesa varias de las causas fundamentales que vician y corroen la democracia española.

     El primero de los despropósitos lo puso en los medios de comunicación la “número dos” del PP, María Dolores de Cospedal quién, en una huída a la desesperada, en un intento de echar una espesa tinta de calamar sobre los infinitos casos de corrupción en los que está envuelto su partido- Eolo, Faycán, Brisan, Tebeto, Tindaya, Góndola, en Canarias, Gürtel, Fundescam y el espionaje fratricida de Madrid, los trajes de Camps y las trapisondas de Fabra en la Comunidad Valenciana, las investigaciones al tesorero del partido Luis Bárcenas, el asunto de Totana en Murcia y la ristra de corruptelas de Mallorca que van desde el Govern de Jaume Matas a Andratx y el mismo Ayuntamiento de Palma- no vaciló en sembrar dudas sobre las instituciones democráticas acusando al PSOE de utilizar el aparato del Estado para vigilarles, perseguirles y detenerles y aquí incluía a jueces, fiscales, policías…

     Si esto fuera cierto todos los ciudadanos de España tendríamos que salir a la calle en defensa del PP; si fuera cierto estaríamos ante las peores prácticas de cualquier tipo de dictadura, pero el principal partido de la oposición, el partido con más posibilidades de gobernarnos en este juego de alternancias con el que hemos claudicado, no demuestra nada y no acude a los tribunales, se limita a desprestigiar pura y llanamente a las instituciones democráticas, a provocar crispaciones que alienten a sus masas, en un intento de fidelizar el voto de la derecha sin importarles el grave daño que se hace a la democracia y el desapego que produce en un sector importante de la población.

     Pero, y esto me parece igual de grave, salvo una reprobación a estas manifestaciones de todo el arco parlamentario, ni los fiscales, ni los jueces, ni nadie han ejercido su obligación de llevar ante la justicia estos graves hechos, lo que vuelve a producir el mismo efecto que las desafortunadas actuaciones del PP. Los ciudadanos deben tener absolutamente claro que sus instituciones funcionan, que las manifestaciones delictivas deben ser perseguidas y las dudas deben ser radicalmente aclaradas, por el bien de todos.

      El segundo tema de los que apunté al principio, también excepcionalmente grave, es el de la ayuda a los desempleados aprobada por el Consejo de Ministros el pasado trece de agosto. Tras la ruptura de la mesa del  Diálogo Social, con un señor como Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, escorado a la más insolidaria de las derechas, defendiendo posiciones puramente políticas y que, con prácticas empresariales como las que realiza diariamente con su empresa Air Comet no tiene autoridad moral más que para defender puros intereses torticeros, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprueba una ayuda de 420 euros para un sector de los desempleados españoles por un tiempo limitado, lo que provoca una enorme decepción en los sindicatos pero, sobre todo, en casi un millón de personas, por ahora, a los que se les deja fuera sin ningún tipo de miramientos, aunque una corrección a marcha forzada, derivada de la presión de los grupos de izquierda del Parlamento, permitirá a partir de noviembre ampliar el número de beneficiarios. Así y todo, quedarán fuera varios centenares de miles de hombres y mujeres que no podrán acceder a unas ayudas que quedan muy lejos del Salario Mínimo Interprofesional.

      Si algo pone en valor un sistema democrático es la defensa permanente de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el respeto a los derechos humanos, la defensa de los derechos constitucionales y la solidaridad.  Desde luego, esta medida se aleja bastante de estos valores. No puede ser de recibo que, después de destinarse cantidades ingentes de dinero público a salvar a la banca (que parece respirar perfectamente en estos momentos aunque sus prácticas despóticas sigan siendo las mismas, sin que el Gobierno les obligue a hacer frente a las necesidades de las familias, las pymes y los autónomos) un número muy importante  de españoles, la parte más frágil de la sociedad, quede a expensas de Cáritas o de las ayudas sociales de sus ayuntamientos desde la mayor desprotección y desafecto del Estado. No andan descaminados cuando piensan que han sido instrumentos productivos desechables, a los que se les abandona desde que surge el menor de los problemas. Ahora, más que nunca, el Estado debe ofrecerles protección y justo ahora es el momento de hacer frente a una Renta Básica de Ciudadanía, que menos que el Salario Mínimo, que garantice el derecho a la existencia de todos los miembros de una comunidad,  por lo menos hasta cuando finalice la crisis. Se trata de hacer efectiva la libertad sin interferencias como diría Pettit.

      Y, finalmente, el tercer tema tiene que ver con el gravísimo accidente aéreo de Spanair del año pasado que sembró de dolor, rabia e inseguridad a tantas familias canarias. Al llegar el primer aniversario del dramático día 20 de agosto de 2008, los medios de comunicación llenaron páginas y páginas recordando los momentos vividos; las instituciones realizaron distintos actos en memoria de los fallecidos, pero al día siguiente otra vez el silencio. Resulta terrible el abandono en que viven las familias afectadas y la inseguridad que planea sobre un medio de transporte fundamental para el desplazamiento de los canarios y para los millones de visitantes de los que depende nuestra economía. ¿Por qué la falta de colaboración de Fomento, de los pilotos y de la compañía con el juez que lleva el caso? ¿Por qué no existen peritos imparciales que informen al juez? ¿Por qué estuvo a punto de destruirse la prueba fundamental?  ¿Por qué un informe de compromiso de la CIAIAC al cumplirse el año del accidente sin aportar nada nuevo? ¿Cuenta la CIAIAC con medios suficientes y si eso es así por qué tiene 55 informes sobre accidentes aéreos de todo tipo si realizar, entre otros el de un accidente similar en Lanzarote que dos años después sigue sin resolverse? ¿Por qué ahora y no antes Fomento ha puesto más inspectores para la navegación aérea? ¿Por qué el fabricante no corrigió los errores de los que se les informaba una y otra vez desde hace por lo menos doce años? ¿Por qué los mecánicos no aplicaban a rajatabla las recomendaciones del fabricante y los libros de instrucciones? ¿Cuánto pesa en los riesgos las prisas  y las penalizaciones a técnicos y pilotos por parte de las compañías? ¿Cuánto de merma en la seguridad se traduce en alcanzar los mejores resultados económicos a final del año? ¿Por qué tantas trabas a las víctimas y a sus peritos? ¿Qué hace el Gobierno central para garantizar a los familiares un proceso justo? ¿Y el Gobierno canario para eso y para garantizar la seguridad aérea de los canarios? ¿Quién se ocupa de los familiares y las víctimas, desde luego la parte más frágil de todo este asunto? ¿No es el mejor homenaje la transparencia, la imparcialidad, la rigurosidad, la seguridad…?

     Sí, de todo esto quería hablarles, del peligroso retroceso del sistema democrático, de la dejación de los servidores públicos… Ah, bueno, también se dijo en agosto, que en España, donde algunos ponen el grito en el cielo porque el gobierno anuncia la subida de impuestos a los que más ganan, el 75% de los empresarios declaran como mileuristas…

     Dice la misma Susana Corzo que “el ciudadano debe exigir que se explicite cómo se entiende el poder: si como un medio para salvaguardar y garantizar los derechos de los ciudadanos, o como un fin en sí mismo en el que todo vale, hasta cuestionar el Estado de derecho, para poseerlo y administrarlo”. En esas estamos.

     (*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.

Imagen: El verano de 2.009.