Antonio Morales Méndez (*)

              La  democracia nació con los griegos seis siglos antes de Cristo. Mucho se ha andado desde entonces para hacer posible un sistema de personas dignas y libres. Innumerables guerras, muchas muertes heroicas, y muchas muertes silenciosas, han permitido que hoy día, en muchos rincones de este planeta, podamos vivir al amparo de un Estado de Derecho con enormes garantías. Realmente fue en el siglo XIX cuando se volvió a instaurar un  régimen  democrático, con numerosas imperfecciones y cortapisas, que no garantizaba el sufragio universal. No fue hasta el siglo XX que se reconoció el derecho a que todos los ciudadanos, sin importar su condición social, su formación o su género, pudieran ejercer su derecho al voto, sin impedimentos. 

 Al margen de la crisis económica que asola al mundo, lo que supone también una pérdida de valores democráticos al hacer recaer lo peor de la situación en los sectores más débiles de la sociedad, poniendo sobre el tapete la mayor de sus imperfecciones, en España, y desde luego en Canarias, en los últimos años, estamos asistiendo a un proceso galopante de deterioro del sistema democrático que alcanza, inevitablemente, al corazón del propio Estado de Derecho. Desde luego la pérdida de calidad de nuestra democracia es alarmante y de un profundo calado. 

En estos momentos los ciudadanos asistimos perplejos a la constatación de la existencia de un Estado débil, enfermo y cautivo. El poder económico ha fagocitado hasta el límite al poder político que ha claudicado frente a otros espacios impersonales, opacos y sin rostro. Los grandes grupos de poder quitan y ponen a los políticos, hasta el punto de que los mercados lo controlan absolutamente todo. Sin ningún tipo de dudas el auténtico poder se ha trasladado desde los gobiernos a los mercados, que imponen sus leyes frente al Estado, en una especie de dictadura neoliberal del mercado mundial.  

En los últimos años el aumento de las rentas empresariales ha sido bestial, frente a la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos de a pie. Las bolsas de pobreza aumentan cada día y, mientras se financia a los bancos -auténticos responsables de la crisis que padecemos- el número de parados sigue aumentando sin cesar. Son los más frágiles los que más están sufriendo y las desigualdades sociales son también cada vez mayores.  

  Al tiempo que esto sucede vemos que los gobiernos de turno de este país se mantienen al albur de lo que se decide en otros lugares, incapaces de hacer frente al capitalismo voraz y depredador; al poder del capital y las multinacionales, al imperialismo de las guerras y del sometimiento de los pueblos para acabar con sus recursos naturales…Los ciudadanos constatan apesadumbrados cómo apenas existen diferencias entre la derecha y la socialdemocracia a la hora de caer rendida ante el poder económico; a la hora de hacer frente a los poderes controladores del Estado. Para Anthony Giddens el socialismo ha renunciado a unas  esencias que se basaban “en la idea de que los mecanismos de mercado pueden sustituirse por una economía regulada y en la tesis de que es posible superar el capitalismo con una sociedad muy distinta”. Así priman hoy las privatizaciones, la globalización perversa, las decisiones de una oligarquía mundial…frente a los conceptos de independencia, libertad y participación pública. 

 Mientras tanto, a nivel interno, en los últimos años se ha ido produciendo una deriva peligrosa hacia el control de los poderes del Estado por parte del gobierno que corresponda. Así, es posible constatar que todos los mecanismos de control y la imprescindible separación de poderes han saltado por los aires. Frente a la necesidad de independencia de los tres  poderes consustanciales a la democracia, Legislativo,  Judicial y Ejecutivo, se ha ido tejiendo todo un entramado de anulación de los demás por parte de este último que ha pasado a controlar al Parlamento y toda y cada una de sus decisiones, hasta el punto de que alguien ha llegado a sugerir el por qué de tantos diputados cuando con reunirse los portavoces y anunciar cada uno lo que se va a votar ya es suficiente.  

Lo mismo sucede con la Justicia. Desde el Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, pasando por el Tribunal Supremo, todos estos órganos pretendidamente independientes y garantístas de un Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del gobernante, han quedado sometidos a la decisión y nombramientos del Gobierno, que designa a personas de su cuerda, ahora progresistas ayer conservadores, para mantener a raya veleidades de control y garantizar impunidades. 

 Y si esto pasa con los tres pilares fundamentales de la democracia, no vean entonces lo que ocurre con el Tribunal de Cuentas, Tribunal de la Competencia y otros organismos de control administrativo. Puro decorado al servicio del Ejecutivo. 

Y con ser esto gravísimo, que lo es, no es desde luego la única anomalía que presenta esta joven democracia española, que recién celebraba su treinta aniversario. Permítanme que comparta con ustedes algunas reflexiones sobre otros elementos imprescindibles para el buen funcionamiento de la democracia española, que adolece de preocupantes vicios  que ponen en riesgo la esencia del sistema democrático español.

 Es completamente imprescindible en democracia garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder libremente a cualquier órgano del sistema. En España esto no es posible tratándose de la Jefatura del Estado. Si bien es verdad que la monarquía que se instauró en nuestro país es fruto de una decisión colectiva, aunque podamos cuestionar el proceso, la realidad es que, en estos momentos, se hace absolutamente indispensable que  se someta al control que rige para  todos los estamentos. No tendría que haberse dado lugar a que Esquerra Republicana de Catalunya presentara ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) un recurso para que se le permita conocer de qué manera la Casa Real gasta el dinero que recibe de los impuestos de los ciudadanos, casi nueve millones de euros, “para el sostenimiento de su Familia y Casa”

 ¿Cuánto cobra el Rey? ¿En qué negocios participa?... no deben ser preguntas sin respuesta para el común de los españoles ¿Por qué el Tribunal de Cuentas no audita, como a cualquier institución, a la Casa  Real? ¿Nos respalda realmente todos los ciudadanos el principio de igualdad , auténtica piedra angular de la democracia?

 El funcionamiento de la mayoría de los partidos políticos tampoco es un modelo de democracia. En los últimos años se han venido convirtiendo en instrumentos de poder, al margen de creencias e ideologías, alejados del sentir real de los ciudadanos. Su subordinación al poder económico y del Estado y no al de los militantes, los hace serviles y les resta la necesaria independencia, lo que los ha abocado a una posición de sustitución de la ideología por el pragmatismo y la homogeneización en la búsqueda del poder por el poder. Hoy muchos partidos son maquinarias, antidemocráticas y despilfarradoras, para mantener el aparato que han ido creando, e incapaces de transmitir utopías y nuevos liderazgos que promuevan cambios sociales ilusionantes. Un enfrentamiento sin límites por el poder, al margen de los ciudadanos y la situación de angustia que se vive, confirma lo que dice Enrique Gil Calvo: “al desautorizarse mutuamente, todos nuestros políticos pierden su autoridad, resultando incapaces de representar a nadie de verdad. Y es así como la propia autoridad pública pierde su legitimidad social”

            La financiación de los partidos políticos es uno de los grandes retos pendientes que ha permitido la creación de un poder paralelo, un entramado de intereses que sustituye al poder legítimo. Es uno de los elementos principales de la corrupción que ha contaminado nuestra democracia. En los últimos años, se ha producido una auténtica quiebra de la moral pública convirtiéndose la corrupción en una situación aceptada por muchos –una parte de la sociedad la combate y otra la acepta porque quizás también lo harían si tuvieran la posibilidad- sin que se arbitren fórmulas para corregirla, acudiéndose incluso por parte de los partidos a un pacto de no agresión. Para Joaquín Estefanía “la corrupción estructural es un delito de lesa democracia…porque quien obtiene financiación irregular arremete tramposamente contra el principio de igualdad”

Pero la corrupción no sólo afecta a los partidos políticos sino que se ha instalado en amplios sectores de la sociedad. Transparencia Internacional ha insistido en muchas ocasiones en que las contrataciones de obras públicas y, cada vez más, el sector de la construcción, son las principales vías para el aumento y la perpetuidad de la corrupción.

(*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.

                                   Imagen: El Bribón del Rey