Antonio Morales Méndez (*)

En el artículo anterior, cuya segunda parte ahora leen, analizaba algunos aspectos de esta joven democracia nuestra y de su preocupante pérdida de calidad en los últimos treinta años. Hablaba de la supremacía del poder económico sobre el político, de la quiebra de la separación de poderes, de la necesidad de transparencia en la Jefatura del Estado, del funcionamiento de los partidos políticos y de la corrupción. Ahora profundizo en otras de sus fisuras.

Aunque ya cité a la Justicia anteriormente, como poder del Estado privado de su independencia, con sus órganos de control (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial) fuertemente mediatizados por el Ejecutivo, debo añadir además que su funcionamiento también supone un enorme lastre para el sistema democrático. Fuertemente conservadora en su mayoría, endogámica y corporativa, carece de medios para ser ágil, operativa e igualitaria, lo que supone de hecho el que se creen enormes desigualdades entre los que tienen recursos económicos y los que no, ahondando en las diferencias sociales y creando una gran indefensión para los españoles, con el consiguiente descrédito ciudadano.

 Los sindicatos no permanecen al margen de los déficits de los que adolece la democracia española en la actualidad. Al igual que sucede con los partidos políticos, los sindicatos de este país, a los que sólo están afiliados un 15’7% de los asalariados - especialmente de la administración pública- se han convertido en instrumentos del Estado, absolutamente dependientes de él, que financia su funcionamiento de manera directa o a través de múltiples y discutibles cursos de formación. Han aceptado sin más las leyes del mercado y la utilización de los trabajadores. En estos momentos de crisis, que pagan los más débiles, han permanecido hasta ahora callados, sin cuestionar el sistema.

El llamado y aceptado comúnmente “cuarto poder”, los medios de comunicación, ha ido derivando en muchas ocasiones hacia una dependencia del poder político, porque forman parte de él en muchos casos y hacia el interés económico del que también forman parte por otras vías que no son las de la comunicación. En la mayoría de los casos falla su poder de contrapeso; de seguimiento, libre de perturbaciones, del gobierno o de la oposición, dependiendo del lado en que se esté. El precio de la comunicación, de la información que se traslada al ciudadano, se suele pagar, muchas veces, a cuenta del interés general, bien por el resultado de un pacto o por la compra directa de voluntades, con dinero público.

 Otro tanto sucede con los medios de comunicación públicos, instrumentalizados en muchos casos, desde la aportación escandalosa y sin control de dinero público.

 Comenté anteriormente la peligrosa y antidemocrática sociedad dual que se ha ido creando en España. En realidad un estado democrático está obligado a poner en marcha mecanismos correctores que tiendan a implantar medidas que frenen las desigualdades sociales. La despreocupación y la inacción han propiciado todo lo contrario y han abierto abismos de diferencias sociales, hasta el punto de que entre 1999 y 2006 el beneficio empresarial aumentó en este país en un 73% y el salario medio de los españoles bajó en su poder adquisitivo un 4%. Más de un 30% de nuestros hombres y mujeres se encuentran en situación de pobreza relativa  y casi un 6% de pobreza severa, frente a los ingresos escandalosos y desorbitados de los directivos de la banca y los grandes holding empresariales. El gasto social español está situado a diez puntos de diferencia, por debajo, de la media europea, lo que propicia que, según el profesor Vicenc Navarro, se produzcan diferencia de 10 años menos de vida de promedio para las clases sociales más desfavorecidas.

Podría poner infinidad de ejemplos, pero voy a citar de pasada el abandono de sectores estratégicos para el desarrollo de políticas igualitarias como el de la educación con una escuela pública cada vez más deteriorada y abandonada y con unos índices de fracaso alarmantes propiciado en muchas ocasiones por la irresponsable lucha partidista, sin tenerse en cuenta que la educación y la formación, y por tanto el conocimiento, son valores democráticos fundamentales. Eso sí, esto no es así en la enseñanza privada para los que pueden pagársela. Otro tanto sucede con la sanidad, donde se ha venido produciendo una pérdida constante de las prestaciones universales y la atención en los servicios públicos, frente a su privatización. De nuevo un abismo asistencial entre los que poseen recursos económicos y los que no. El deterioro de la seguridad pública, que pone en riesgo el principio de seguridad y libertad, ha dado lugar a la proliferación de la seguridad privada, que, de nuevo, garantiza mejores servicios para los que más tienen. Y podría  seguir hablando de la vivienda, de los alimentos y de tantos otros aspectos, que son la justificación de la existencia de la acción pública democrática sin ningún tipo de condicionamientos externos y que han pasado a un segundísimo plano. El Estado debe servir al ciudadano y realizar todo el intervencionismo posible para evitar arbitrariedades y las diferencias sociales que hoy padecemos, y eso, en realidad, no existe.

Y si esto es así para el conjunto del Estado, no vean lo que sucede en Canarias donde hemos visto, en los últimos años, merodear la corrupción sin tapujos por los ámbitos del poder; donde los órganos de control del Parlamento y el Gobierno como la Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo, designados por los partidos de turno, permanecen en precario y sin renovar; donde la televisión pública juega un papel político partidista de primer orden, desde un presupuesto exorbitante; donde se ha sustituido el debate sereno por la crispación; donde la sanidad  y la educación se encuentran con las peores ratios del Estado; donde las desigualdades territoriales se han apurado hasta el infinito primando a unos ciudadanos y unas islas en detrimento de otras; donde un sistema electoral alienante y profundamente antidemocrático hace que más de ciento cincuenta mil votos de hombres y mujeres de nuestra tierra vayan directamente a la papelera…

No nos puede entonces extrañar que los ciudadanos se encuentren al margen de la toma de decisiones y se vuelvan apáticos o tolerantes y que en los procesos electorales menos próximos apenas se acerquen en un 50% a las urnas,-¡qué paradoja la de Canarias donde además de esta mínima participación, un 18% de este porcentaje no se tiene en cuenta!-.No nos puede extrañar observar a los ciudadanos sometidos al miedo y a la indefensión, más que a sentirse seguros y servidos por el Estado. Se hecha de menos, para la consecución de un sistema serio y riguroso, la participación de los intelectuales, la mayoría de ellos en la actualidad faltos de compromiso; falta la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones.

  La democracia sólo tiene sentido desde la libertad, que como decía Azaña “no hace felices a los hombres. Los hace sencillamente hombres”. No es posible, y es peligroso, muy peligroso, que las nuevas generaciones, como afirma George Steiner, pierdan la posibilidad de la esperanza.

 La democracia debe ser algo más que la pura lucha por el poder que hoy visualizamos día a día.  Joaquín Almunia decía en 2003: “frente a quienes encubren bajo el manto del pragmatismo y de la eficacia una obsesión por acumular en sus manos todo el poder, la política española necesita urgentemente una inyección de convicciones y de confianza”, lo decía por Aznar, pero llegados al momento actual ¿creen ustedes que la situación ha cambiado mucho?

 Hoy más que nunca se hace necesario trabajar en la defensa de una sociedad más libre, que tenga como objetivos fundamentales los derechos civiles y la participación de todos en la política; que los poderes del Estado sean auténticamente independientes; que se nos garantice una justicia real y democrática; que podamos vivir manifestando libremente cualquiera de nuestras opciones de sexo, raza, ideológica, cultural…que seamos libres para creer sin que ninguna religión imponga nada al Estado y a la sociedad civil y que se nos garantice un marco de igualdad en los servicios públicos, en las oportunidades, en los valores y en la utilización de los recursos públicos.

 Para Adela Cortina “hay muchas tareas pendientes para la construcción de una democracia: crear partidos democráticos, capaces de contagiar a la sociedad democracia y pluralismo, poner trabas al gobierno de las minorías, quitar fuerza a los aparatos de los partidos, promover una ciudadanía activa. Pero lo más importante consiste, a mi juicio, en formar mayorías cultivando pueblo y no masa”.

(*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.

                                   Imagen: El Bribón del Rey