Antonio Morales Méndez (*)

          Cuando la peor crisis económica que azota a este mundo desde la Segunda Guerra Mundial aprieta, hasta asfixiar, a importantes sectores de la sociedad; cuando la barbarie a la que nos arrastró este sistema neoliberal ha puesto de rodillas a la mayoría de los gobiernos de este planeta, constatamos cada día que, como siempre, no todos la sufren de la misma manera. Así vemos como  son los sectores más desprotegidos los que, con mayor virulencia, están soportando los resultados más adversos de la especulación y los robos a mansalva y los que se ven avocados a la pobreza, la marginación y la pérdida de derechos individuales y públicos.

            Frente a todo esto, los ciudadanos observamos a unos estados débiles, prisioneros del poder económico, e incapaces de ofrecer alternativas sólidas para ahuyentar los demonios de la discriminación, la miseria, la desesperación y la injusticia social.

            Mientras se destinan miles  y miles de millones a apuntalar un mundo financiero sobre el que se sustenta un sistema que ha convertido a los gobiernos democráticos en pura anécdota, no cesan de surgir voces llamando a la reducción de los logros alcanzados en el terreno laboral y social.

            A la enorme bolsa de parados de más de cuatro millones se añade el dato desolador de la incapacidad, la despreocupación, la inacción y la irresponsabilidad a la hora de hacer frente a las ayudas que demandan los mayores y las personas dependientes de este país, que ven como se agrava enormemente su situación en estos momentos .

            Cuando en enero de 2007 entraba en vigor la Ley de Dependencia, se abría al tiempo la esperanza y la ilusión de varios millones de ciudadanos. Dos años y medio más tarde la rabia, la frustración y la impotencia han ocupado estos espacios, como consecuencia de la incapacidad de muchas administraciones públicas  para afrontar la realidad, con lo que se quiebra así un derecho social alcanzado desde la reivindicación permanente de los sectores afectados.

            Los datos son estremecedores. Para la CEAFA (Confederación Española de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias), la asociación que acoge en su seno al sector menos protegido dentro de la Ley de Dependencia, alrededor del 90 % de los más de dos millones de los dependientes españoles son atendidos en casa por sus familiares, que dedican unas 60 horas semanales a cuidarlos por un periodo medio de 12 años. El perfil  del cuidador es el de una mujer de 40 a 65 años - el promedio es de 53 años- que compagina muchas veces su actividad profesional, aunque en su mayoría ejercen de amas de casa, con el cuidado del dependiente. El trabajo sin remuneración que realizan las mujeres cuidando a sus familiares supone un 60% del PIB de este país. Un 12% de las personas que ayudan a otras tiene más de 70 años; el 15% de las mujeres dependientes son cuidadas por sus maridos, frente a un 35,5% de varones que son cuidados por sus mujeres; un 40,6% de mujeres son cuidadas por sus hijas, frente a un 35,5% de hombres.

            Mientras la media europea de plazas residenciales es de 5,1 por cien personas, en España apenas llegamos a 3; el número de centros residenciales no llega al millar; si en los países nórdicos se destina más del 2% del PIB a la cobertura social y en centroeuropa un 1,2%, en España sólo alcanzamos el 0,3 %, según el profesor Luis Pérez Bueno. Además, nuestros Centros de Día, al igual que los Centros Ocupacionales no consiguen la cifra del millar y tampoco llegan a un centenar los Centros de Rehabilitación Psicosocial para las personas con discapacidad; sólo un 1% de los enfermos de Alzheimer reciben atención asistencial; la mayoría de los hospitales no disponen de unidades geriátricas; el servicio de ayuda a domicilio no llega al 4% de la demanda; la teleasistencia a un 2% y sólo existe una plaza de centro de día por cada doscientos mayores. A través de los servicios sociales públicos apenas se atiende a un 2,5% de mayores y la red de apoyo a menores de 65 años y de personas con discapacidad es aún mucho menor.

            Dos años y medio después de aprobada la Ley de la Dependencia, el enfermo sigue dependiendo de las familias, que hacen todo lo posible por atender sus necesidades físicas, darles cariño y afecto, mantener su estima y hacerles sentirse útiles y seguros en su entorno, lo que no pocas veces se traduce para sus cuidadores en fatiga crónica, aislamiento, consumo de excitantes, insomnio, daños psicosomáticos, irritabilidad, depresión, rabia, vergüenza y culpabilidad.

            Dos años y medio después de aprobada la Ley de Dependencia, constatamos con desolación como la burocracia y los enfrentamientos entre administraciones ha hecho que sólo siete Autonomías den ayudas para prevenir la dependencia; que Canarias, por delante sólo de Murcia, es la segunda Autonomía que peor implanta la Ley de Dependencia, recibiendo una puntuación de cero en la transferencia de recursos a los ayuntamientos, en el equilibrio entre prestaciones y servicios y en la cifra de dictámenes resueltos sobre las solicitudes; que la media para recibir las ayudas es de 8 meses y en algunos lugares se alcanza el año largo; que los baremos que se aplican excluyen a un 20% de los enfermos mentales; que más de un 50% de dependientes aún no recibe ningún tipo de asistencia; que no se han desarrollado medidas laborales para compatibilizar la actividad laboral y el cuidado del enfermo...

            Como pueden observar, todo gira alrededor de una enorme incompetencia, irresponsabilidad y desidia. Por eso la importancia de las asociaciones, del papel del voluntariado y de su capacidad para abrir canales de comunicación con las administraciones más cercanas, los ayuntamientos  -un claro ejemplo es el sureste e INAFA- que, más allá de sus competencias, han escuchado el sentir de las familias  para hacer posible  que muchos de los dependientes que nos rodean y de sus cuidadores tengan un espacio para la atención y la asistencia 

             ¡Cuanto debemos a las asociaciones, voluntarios y familiares, por tejer redes sociales de solidaridad, afecto, dedicación y entusiasmo para con los que más lo necesitan y por hacer posible  una excepción ante los datos que nos dicen que en esta tierra apenas uno de cada cien enfermos de Alzheimer recibe asistencia específica!

            Según Adela Cortina  ”Para que no haya ciudades de segunda, la articulación del Estado con las Comunidades Autónomas y con los Ayuntamientos no puede quedar al albur de la lotería política, que la atención dependa del lugar de residencia. Cosa que no sólo ocurre en el caso de la dependencia, sino en muchos otros que generan en España ciudadanía de segunda”.

            Y desde luego, cuando se habla de un nuevo modelo de Economía Sostenible habría que escuchar atentamente a esta Catedrática de Ética y Filosofía Política: “Lo que vale, cuesta. En recursos humanos, políticos, sociales y económicos. El cuidado de todos nosotros cuando somos dependientes es un yacimiento de empleo, pero tiene que conjugar salarios dignos con dedicación cuidadosa”.

     (*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.

Imagen: Ideas perdidas