Antonio Morales Méndez (*)  

         Desde la constitución de los ayuntamientos democráticos en el año 1979, existe una coincidencia generalizada en una buena parte de la sociedad a la hora de valorar el papel positivo de los municipios españoles. Podría llenar páginas y páginas con aportaciones de distintos expertos acerca de la importancia de la Administración Local en el desarrollo socioeconómico del Estado español y del ninguneo con el que se la ha tratado hasta el momento por el resto de las instituciones, pero he elegido sólo algunas manifestaciones especialmente significativas, como apoyo a la idea fuerza que intento hacerles llegar con este texto, en un momento en el que el Cabildo de Gran Canaria pretende acabar con el Plan de Cooperación Municipal puesto en marcha en 1996 con la intención de “propiciar que todos los ciudadanos de esta Isla, cualquiera que sea el Municipio al que pertenezcan, tengan el mismo nivel de servicios públicos básicos, es decir, garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal”.

        En un editorial publicado por EL PAÍS el 3 de agosto del año pasado, cuyo titular tomo prestado para este artículo, se criticaba duramente –al hilo de los numerosos casos de corrupción- que se dejara en segundo plano en la negociación de la financiación autonómica el tema de la escasez presupuestaria de los ayuntamientos, posponiéndose hasta 2011 la discusión de un acuerdo de financiación municipal. Para el diario madrileño “si los ayuntamientos siguen siendo la cenicienta del sistema institucional, la calidad de vida de los ciudadanos sufrirá un grave deterioro (…). No es un problema nuevo sino una de las más graves deficiencias que arrastra el sistema institucional español agravada ahora por la crisis económica”, y añadía que “es justo reconocer que la mejora de la calidad de vida en España ha sido, en gran medida, resultado de las políticas municipales, que han asumido la construcción de infraestructuras y el establecimiento de nuevos servicios especialmente útiles a los ciudadanos por su proximidad”.

       Para Joan Subirats, catedrático de Ciencias Políticas y director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB, el problema de las ciudades y de los ciudadanos no es sólo coyuntural, es estructural  “y lo es ya que la importancia de las ciudades y  de los gobiernos locales en el bienestar y la supervivencia ciudadana no se corresponde con las estrecheces económicas en la que viven los ayuntamientos españoles. Las ciudades son hoy decisivas en el bienestar individual y colectivo. Y en cambio las agendas locales siguen fuertemente condicionadas por las limitaciones que impone un porcentaje de gasto público que está lejos de la que es a la mayoría de países europeos”

        Para Ferry Davis, Secretario general del Consejo de Europa, “el problema de Europa es que son muchos los Estados en los que los Gobiernos Locales dependen en exceso de la financiación de sus Gobiernos Centrales (…) y lo que más me preocupa es que (en esta crisis) puedan ser los municipios los que acaben pagando por las equivocaciones que han cometido otros”. Coincide en ésto con Pedro Castro, presidente de la FEMP que apunta que “la precaria situación de los Gobiernos Locales podría dar lugar a situaciones no deseadas en muchos de nuestros pueblos y ciudades, donde los ayuntamientos son la primera garantía del sostenimiento de los servicios públicos básicos” y con Joseph Ramoneda que afirma que “las autonomías crecen en dinero y poder. La Administración central del Estado cede dinero y competencias, pero no poder. Y los municipios siguen poco más o menos con la  misma cuota –en porcentaje- de gasto público que en la transición”. Y podría seguir y seguir. Daría para un libro y más.

       Desde luego nada tiene que ver lo que está sucediendo con lo que recoge el artículo 142 de la Constitución española: “Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”.

        Pues bien, cuando todo esto se constata cada día, en una peligrosa deriva antidemocrática que insiste en poner a los ayuntamientos a expensa de las recaudaciones provenientes del mundo de las inmobiliarias y la especulación urbanística; cuando adquiere cada día más certeza la tesis de la catedrática de Hacienda Pública, Núria Bosch, que  sostiene que “la participación local en los ingresos generales del Estado es insuficiente y sus criterios de distribución inadecuados; las participaciones locales en los ingresos autonómicos están por desarrollar y una parte importante del gasto municipal corresponde a servicios impropios (competencia de otros niveles de administración), sin que el sistema actual los cubra”; cuando el Estado ha transferido competencias a las Autonomías y  éstas a los Cabildos sin que ninguno de ellos hagan un esfuerzo por cumplir con el mandato constitucional de hacer lo propio con los municipios…, el Cabildo de Gran Canaria presenta un borrador de presupuestos donde pretende dejar sin financiación un Plan de Cooperación con los municipios de esta Isla, que cumple ahora catorce años.

      Concebido como un instrumento extraordinario de democratización en la distribución de los recursos, rompiendo de raíz la políticas clientelistas y mendicantes, este Plan se creó bajo la presidencia en el ente insular de José Macías, auspiciado por Carmelo Ramírez –al que ahora condenan a sacrificarlo-, y continuó con María Eugenia Márquez,  José Manuel Soria y José Miguel Pérez,  quien parece avocado a darle la puntilla.

       Pocas veces se ha dado una unanimidad tan rotunda en el municipalismo grancanario como la que se esta dando ahora con la negativa frontal a renunciar a estos fondos. Y es que muchos ayuntamientos dependen actualmente de estos recursos para hacer frente a sus necesidades de infraestructuras, en algunos casos comprometidas en un gasto plurianual, tal y como acordó el Cabildo en sesión plenaria al recoger en las Normas Reguladoras que “el Plan de Cooperación con los ayuntamientos 2008-2011 se acometerá en dos fases: la primera en los años 2008-2009, la segunda en los años 2010-2011” y que “los ayuntamientos que lo consideren  podrán adelantar la ejecución de las anualidades previstas”, cosa a la que muchos se acogieron.

      Nos queda la vía del diálogo – hemos anunciado que estamos dispuestos a aceptar la reducción del Plan en la misma proporción en la que se reduzcan los presupuestos insulares-, la del recurso administrativo –ya hemos presentado una enmienda a los presupuestos cabildicios- y la del contencioso administrativo –nos avala un informe jurídico de la FECAM-. Todo menos  renunciar a unos recursos fundamentales para garantizar el funcionamiento de los municipios.

       Mientras Comunidades Autónomas como Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y otras han puesto en marcha planes especiales para la creación de empleo y para el refuerzo de las políticas sociales desde los municipios, a los que la nuestra hace oídos sordos, el Cabildo de Gran Canaria se suma a los despropósitos y pretende llevar hasta el límite la grave  situación de los municipios grancanarios. Llegados a este punto, vuelvo a citar a Pedro Castro, alcalde de Getafe: “El esfuerzo conjunto y la cooperación entre las Administraciones Públicas (…) es la mejor forma de contribuir a superar las dificultades económicas y de alcanzar mayor eficiencia de los recursos públicos”. Aquí parecemos querer nadar contra corriente.

     (*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.