Antonio Morales Méndez (*)

            En una charla programada por el periódico El País, a finales de junio, entre cuatro representantes de la ciudadanía española y José Luis Rodríguez Zapatero, este último, ante una pregunta irónica sobre si los bancos son una especie de hermanitas de la caridad, afirmaba con rotundidad que “no, desde luego. Ni los bancos ni las eléctricas. Esa es mi experiencia”.

            Desde hace algunos años he venido denunciando en este mismo medio de comunicación, a través de diferentes artículos, el poder económico y de control político que, desde un oligopolio brutal, propiciado por la privatización que puso en marcha en un primer momento Felipe González y culminó, con todas  las de la “ley”, José María Aznar, ejercen las empresas eléctricas en este país, hoy, paradójicamente, en un 50% en manos públicas extranjeras de otros Estados europeos, fundamentalmente de Italia y Alemania.

            Lo sucedido en los dos últimos meses en torno a la central nuclear de Garoña ha vuelto a poner sobre el tapete la capacidad del sector eléctrico –con Estados extranjeros detrás, insisto-, para presionar, comprar y embaucar a medios de comunicación, partidos políticos, ministros, gobiernos y a buena parte de la sociedad española. El negocio es tan grande, el pelotazo que se ejerce cada día a costa de todos y cada uno de los ciudadanos de este país es tan grande, que no han dudado en montar un burdo melodrama en torno al cierre de una central nuclear que apenas produce 466 megavatios, o lo que es lo mismo apenas un 1,3% del total del 5% de energía nuclear del que se nutre el 100% de la producción nacional de energía eléctrica.

            Pues bien, para mantener abierta una central nuclear ya amortizada, pero que precisamente por eso aportará cada año a Endesa e Iberdrola 250 millones de euros de ganancias, libres de polvo y paja, no han dudado en desplegar toda una artillería mediática llamada a amenazar al Gobierno con llevarlo al Supremo para demandar una compensación millonaria, y a mentirnos a todos cuestionando las ventajas de las energías renovables en confrontación con la nuclear.

            A la petición de mil millones de euros en concepto de indemnización por las inversiones realizadas y no amortizadas y por la pérdida del flujo de caja generado por la planta en los próximos diez años, la abogacía del Estado ponía sobre la mesa contundentes informes sobre la caducidad del periodo de vida útil de cuarenta años que Nuclenor (Endesa-Iberdrola) aportó a la hora de ponerla en marcha.

            Tampoco dudaron en apelar, en estos duros momentos de crisis, al crecimiento del paro pues aducían que se despediría a más de mil trabajadores, sin tener en cuenta que el Gobierno se comprometía a buscar una alternativa para todos los operarios de la central y que esas mismas empresas han prejubilado a muchos miles de trabajadores más en los últimos años.

            Igualmente se pretendió lanzar el mensaje de que la producción eólica es mucho más cara que la nuclear frente a los datos que apuntan que ésta anda por más de 4.000 euros por Kw y la eólica sobre los 3.000 euros. Es significativo que en el debate, curiosamente para nosotros los canarios que andamos inmersos también  en las presiones de Gascan, el catedrático Manuel Lozano, de la Universidad de Sevilla, dijera que prefería  las nucleares antes que el riesgo de la inseguridad del gas de Buteflica en Argelia.

            También intentaron vendernos -lo siguen haciendo- otra burda mentira al hacernos creer que España importa y depende de la energía de otros países como Francia, cuando la realidad es que se  importa del país galo  la mitad  de lo que se exporta a Portugal y Marruecos y que la potencia instalada en España es casi el doble del pico de demanda mayor al que se haya llegado en la historia de este país...

            No dudaron un día sí y otro también en asustarnos con que el precio de la electricidad para los consumidores se elevaría en un 10%, a pesar de que los datos reiteraban, una y otra vez, que eso era imposible por el escaso significado de la producción de esta planta en el conjunto del sistema, pero se trataba de echar a la opinión pública, en unos momentos dramáticos, en contra del Gobierno.

            Y así podríamos seguir y seguir porque las campañas millonarias de desinformación han sido espeluznantes. El propio Zapatero reconocía, hace muy pocos días, que las empresas eléctricas habían demostrado una gran capacidad de presión. Pero lo cierto es que, como siempre, las pobrecitas Endesa e Iberdrola, si, las mismas que sus altos directivos cobran hasta 16,5 millones de euros al año, han salido como siempre airosas y con los bolsillos bien colmados fruto de acuerdos y compensaciones que pagaremos todos los españolitos de nuestros bolsillos. Está claro que las presiones sobre el ministro Sebastián, la parte más sensible pues es la primera en caer ante una presión al Gobierno, como pasó con Joan Clos, dio resultado, pues afirmó una y otra vez, frente a la posición de Zapatero o la de la Fundación Ideas, que la energía nuclear era insustituible; que también dio resultado las influencias sobre el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), formado por dos miembros propuestos por el PP, dos por el PSOE y uno por CiU, que siempre apostó, sin ningún tipo de cuestionamiento ni posición neutral, por facilitar todo lo posible la continuidad de la planta disminuyendo incluso los condicionantes para su funcionamiento.

            En definitiva, la prórroga hasta el 2013 de la central de Garoña ha supuesto para Endesa e Iberdrola un regalito de 1.000 millones de euros repartidos en cuatro años de ganancias, a 250 millones por año, y que estos beneficios serán a costa de todos que continuaremos pagando los residuos radiactivos que, a un ritmo de casi dos toneladas por año,  se acumulan y acumulan, mientras cada uno de nosotros contribuye a su tratamiento y a los pagos de los posibles accidentes de las centrales que no cubren las aseguradoras, ya que la responsabilidad civil de la planta sólo llega hasta los 700 millones de indemnización, otra cosa que tampoco se dice.

            Pero no sólo ha quedado en ésto el regalito. Además de no exigírseles una aportación de esas ganancias vergonzosas al desarrollo de las energías renovables ó a la disminución de los déficit tarifarios, el Gobierno les vuelve a regalar una subida eléctrica de un 2%, que en el caso de la tarifa nocturna puede llegar hasta un 17% y a un 9,3% en hora punta, lo que viene a significar un aumento del recibo de la luz de un 23% en dos años, con el compromiso de llegar al 31% antes del próximo verano de 2010. Y todo porque una ley leonina, surgida de la presión y el poder sobre los partidos políticos, hace aplicar una fórmula que perjudica siempre a los consumidores y eso que en el año 1999 se aportó por el Estado a las eléctricas, a pesar de que ganan cada año más de dos billones de pesetas, una inyección de un billón de pesetas para hacer frente a la transición del sistema.

            Al tiempo, nos enteramos que José Manuel Entrecanales recibe 9,6 millones de euros de indemnización, tras la venta de Endesa a la italiana Enel,  por sus 18 meses de presidencia en la compañía; que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) pone sobre la mesa sospechas reales de que estas grandes eléctricas ponen trabas a sus rivales más pequeños, abriéndoles expedientes, en medio de un proceso de liberalización que no va a bajar las tarifas, ni va a propiciar una bonificación social para los que tienen menos recursos; que Red Eléctrica Española acusa a Endesa en Canarias de no querer traspasarle el transporte de la energía, lo que confirma la tesis que vengo sosteniendo de que, desde esa energética, se está obstaculizando cualquier iniciativa de desarrollo de las fotovoltaicas o las eólicas...

            Y podríamos seguir y seguir. Está claro que estamos ante las peores prácticas especulativas y antidemocráticas de un sistema que nos llevó a esta situación de crisis y que no está dispuesto a cambiar, que no está dispuesto a que lo cambien y que no se tropieza con nadie con los redaños suficientes para obligarlos a cambiar.

     (*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.

Imagen: El regalo de Garoña