|
La corrupción no
cesa de mostrarnos cada día, como un peligroso repelente de la
democracia, la peor de sus caras. Durante dos semanas seguidas
he escrito sobre este tema mostrando mi preocupación sobre el
desafecto de los ciudadanos hacia de la política y los
políticos, como nos muestran todos los indicadores sociológicos,
y sobre la deriva hacia una pérdida de calidad democrática, que
puede convertirse en un caldo de cultivo para salvapatrias de
distinto pelaje.
A la utilización
de los dineros públicos para enriquecimiento personal o para
alentar la voracidad insaciable de los partidos políticos, se
une la horrible crisis que sufrimos y la incapacidad del PP y el
PSOE – el bipartidismo instalado y acomodado en el sistema- para
aunar voluntades y proponer soluciones esperanzadoras a la
sociedad española o para plantear de una vez por todas las
sustituciones necesarias en el Tribunal Constitucional, por
ejemplo. Pero no siempre es así. En los últimos años los
populares y los socialistas si que han sabido dar muestras de
unidad cuando lo que se socavan son intereses de otro tipo. Hace
unos días el diario Público hablaba de esa “sintonía de Estado”
para frenar o aprobar iniciativas sobre laicidad, maltrato
animal (toros), antimilitarismo, mejoras de las pensiones,
prostitución, endurecimiento de la inmigración, etc.
Ahora, ante lo
que se les viene encima por el cabreo, la desazón ciudadana, la
pérdida de votos y la desconfianza creciente en ellos, vuelven a
mostrarnos que sí son capaces de unirse para lo que les
interesa y distintos medios de comunicación empiezan a
hablarnos de un borrador de acuerdo de un pacto anticorrupción
que no suena sino a un lavado de cara, a un puro maquillaje
artificial, a una nueva tomadura de pelo colectiva para que todo
siga igual porque no entra a plantear soluciones al problema de
fondo. Según apuntan todos los datos ya existe un borrador de
acuerdo para modificar la ley de financiación de partidos, la
ley electoral y la nueva ley de gobierno local y según apuntan
las filtraciones todo sigue siendo más de lo mismo. Vamos a ver
si no.
La Ley
de Financiación de los Partidos Políticos se aprobó el 4 de
julio de 2007, con el voto en contra del PP, para hacer frente a
los escándalos de Filesa (PSOE), Naseiro (PP), Casinos (CiU) o
“tragaperras” (PNV) e incluye, entre otras lindezas, aumentar la
aportación del Estado a la financiación de los partidos en un
20% hasta llegar a 78 millones de euros y, aunque impide las
donaciones anónimas, autoriza las particulares hasta cien mil
euros, las donaciones de inmuebles, las condonaciones de deudas
y la utilización de las fundaciones afines como vía de
subvención. Las modificaciones que se plantean ahora no inciden
sino en hablar de transparencia, control y bla, bla, bla,
porque, a lo sumo, acaban de aceptar a regañadientes una
proposición de Ley de ERC, que pretende impedir las donaciones
de empresas relacionadas con la Administración.
Es lo que sucede
con la Ley Electoral que, como afirma una y otra vez el
Tribunal de Cuentas, nadie cumple. Según los datos de
fiscalización de 2006 de este órgano ninguna de las formaciones
escrutadas -17 del Congreso y 14 en los parlamentos autonómicos-
cumple como es debido. Entonces ¿no es mejor cumplir las normas
que modificarlas? ¿Pero es que acaso van a corregir la grave
anomalía de que algunos votos valgan hasta cinco veces más que
otros, condenando al ostracismo a ciudadanos y pequeños partidos
políticos? Eso sí que no, por supuesto.
Donde si van a
ser generosos en las modificaciones es en el ámbito de lo
local, porque no les roza. No les roza, pero si les sirve de
escudo y de excusa y blanqueo. De entre todas las medidas que ya
han pactado los dos partidos mayoritarios destacan las que se
refieren a sustituir a los políticos por funcionarios o
representantes de colegios profesionales o de la universidad en
las comisiones de urbanismo y que las mesas de contratación las
presidan funcionarios, como si esta vulgar tecnocracia
garantizara per se la pureza del procedimiento, como si no
hubieran también funcionarios corruptos.
También piensan
obligar a que los cargos electos municipales, además de hacer
públicas sus retribuciones como ya sucede, lo hagan también con
las declaraciones de bienes que hoy constan en cada una de las
secretarías de los ayuntamientos españoles. Y es aquí donde me
parece que se hace una auténtica demagogia, haciendo caer en la
parte más débil la carga de la prueba. Yo no sé si esta medida
realmente sirve para algo, porque estos datos se pueden falsear
y si no fíjense en la declaración pública de los bienes de Camps
sin ir más lejos, en las que casi parece depender de la caridad
pública. También me cuestiono si es constitucional que la pareja
de un político o sus hijos renuncien a la protección de datos
simplemente por ser familiar de un señor o una señora que
participa en la gestión de lo público, pero lo que si tengo
absolutamente claro es que quien primero tendría que
transparentar sus cuentas sería la Casa Real. Y de ahí para
abajo, por ese orden, todos.
 El
rey debería decirnos, antes que nadie, cómo emplea los nueves
millones de euros que le aporta el Estado para sus gastos,
hecho éste que impiden con sus votos en el Parlamento el PP y
el PSOE. Además debe decirnos donde invierte su dinero, con
quién hace negocios, en cuánto ha aumentado su patrimonio desde
que es Jefe de Estado, a qué se dedica su yerno con el Instituto
Nóos, investigado por el fiscal del caso Palma Arena mallorquín;
cuál es la relación de una de sus hijas con La Caixa en la que
actúa como responsable de la Obra Social y como princesa y de su
yerno Urdangarín con Telefónica y antes con Motorpress Ibérica,
de Bertelsmann, premio Príncipe de Asturias; qué sucede con los
regalos que recibe, desde luego muy superiores a los trajes de
Camps –sólo el yate “Bribón” está valorado en 18 millones de
euros-, y debe decirnos qué hace la reina asistiendo una y otra
vez a las reuniones del Club Bilderberg, considerado como el
club de los poderosos, con una enorme carga opacidad y turbidez,
por emplear una expresión suave, y donde se toman decisiones de
enorme calado para la humanidad al margen de los gobiernos. Como
dice Luis Solana: “O misterio pactado o transparencia total”.
Y a partir de ahí
debería hacer declaración de bienes pública todo el mundo, si
sirviera para algo, si los tramposos no pudieran “trampear” sus
cuentas. Los jueces también, por supuesto, y los diputados y
senadores de los parlamentos centrales y autonómicos, los
cargos públicos de los gobiernos autonómicos…También los
partidos políticos deberían aclararnos sus números y sus
propiedades. Todo el mundo, si estamos hablando de una auténtica
transparencia democrática. Y entonces, igualmente, los cargos
locales.
Ya está bien de
retóricas y de decisiones de cara a la galería. Como escribían
días atrás Jesús Maraña y Miguel Ángel Aguilar, en vez de lanzar
nuevas medidas es preciso que se cumplan las existentes Existen
unas normas de funcionamiento muy claras. Sólo hay que
cumplirlas y perseguir con contundencia a quien no lo haga. Si
no es así terminará pagándolo la democracia. |
