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Antonio Morales Méndez (*)
En los últimos
días, España ha alcanzado la cifra de tres millones y medio de
personas sin trabajo y de estos, casi un millón doscientas mil, no
perciben ningún tipo de ingresos. En un año la Seguridad Social ha
perdido 1.139.514 cotizantes y el BBVA, en su último informe sobre
la “Situación de España”, señala que la recesión en nuestro país se
alargará hasta el año 2010 y predice más de cuatro millones de
parados para los próximos meses. En Canarias superamos, en estos
momentos, la cantidad de 228.000 desempleados.
Al tiempo vemos, un día
sí y otro también, como se suceden en los medios de comunicación
noticias que nos confirman la grave situación que vivimos y que nos
hablan de los descensos de la actividad turística; de la caída de la
venta de vehículos; de cómo desaparecen pequeñas y medianas empresas
y un número importante de autónomos; de cómo aumentan los comedores
sociales y las peticiones de atención en los servicios sociales en
más de un 60%; de cómo el Puerto de la Luz ve descender su tráfico
en más de un 52%; de la terrible caída de las ventas del comercio,
en más de un 80%; de cómo aumentan los hurtos en los supermercados;
de cómo miles y miles de personas son desahuciadas o dejan sus
viviendas en poder de los bancos…
Mientras
todo esto sucede los ciudadanos contemplamos, indignados, atónitos o
desesperanzados, cómo las grandes empresas declaran, en el último
año, ganancias millonarias. Así sucede con las de las eléctricas que
superan los varios billones de pesetas y con la de Telefónica, por
ejemplo, que ganó un 38% más en 2008, lo que significa un total de
7.592 millones de euros (un billón doscientos sesenta y cinco mil
trescientos veintiocho millones de pesetas) y no digamos las de la
banca española que ganó más que toda la europea junta. Vemos
igualmente cómo los directivos de estas compañías se embolsan
anualmente sueldos que superan los 3 y 4 millones de euros…
Frente a todo esto los hombres y mujeres de este país se encuentran
ante un Estado débil, enfermo, incapaz de sembrar ilusiones y
esperanzas, lo que se traduce en una enorme desconfianza en la
política y los políticos. Esto queda patente en los últimos informes
de Transparencia Internacional y del Centro de Investigaciones
Sociológicas en los que se percibe claramente la relación que
establecen los ciudadanos entre la política y la corrupción y como
el pasotismo o el cabreo se adueñan del sentir colectivo. Cada vez
el divorcio entre la política y la ciudadanía es mayor.
No es para menos. Los
medios de comunicación no dejan de trasladarnos continuamente la
penosa realidad de la política española. En plena crisis, que
siembra de miedo e incertidumbre a los distintos sectores de la
sociedad, nos desayunamos cada día con el enfrentamiento incesante
de los dos partidos políticos con mayor presencia en el arco
parlamentario, que anega el país de una crispación sin límites. Si
por parte del PSOE algunos de sus ministros- el primero Solbes- dan
señales de agotamiento y de falta de imaginación y el Gobierno no
termina de adoptar medidas que resulten ciertamente efectivas, el PP
parece encontrarse a gusto en una situación que perciben como
desgastadora para su principal rival político. No sólo no aportan
ninguna solución sino que cualquier medida del ejecutivo les parece
siempre mala y criticable.
Paralelamente, se suceden
en cadena las detenciones de distintos cargos públicos de uno y otro
partido inmersos en tramas de corrupción; el juez Garzón inicia un
proceso de investigación judicial que descubre todo un montaje de
prevaricaciones y cohechos en torno al PP y su núcleo de poder; en
la Comunidad de Madrid se descubre una red de espionaje en el
Gobierno y el Ayuntamiento; en Valencia, en Galicia, en Andalucía,
en Canarias......, las denuncias por corrupción urbanística están a
la orden del día. En este Archipiélago atlántico, alcaldes de
pequeños, medianos y grandes ayuntamientos como el de Santa Cruz de
Tenerife, se hayan incursos en graves procedimientos judiciales; el
vicepresidente de nuestro Gobierno canario se encuentra en estos
momentos imputado y penden sobre él graves acusaciones; aquí, y en
la Península, aventar sospechas sobre el funcionamiento y la
profesionalidad de la policía y los jueces se ha convertido en algo
cotidiano, llegando a salpicar incluso al Consejo General del Poder
Judicial, algunos de cuyos representantes juegan a tomar partido;
los jueces, por primera vez en su historia, se levantan en huelga
contra otro Poder del Estado, en un gravísimo enfrentamiento de
dudosa legalidad; un ministro se ve obligado a dimitir por cazar
furtivamente y en momentos y compañías poco adecuadas; los
sindicatos se encuentran, ahora más que nunca, alejados de la
realidad; un sector importante de la Iglesia toma partido por la
crispación y el enfrentamiento…
En el momento en que peor
lo estamos pasando, cuando más hay que dar el do de pecho, la
ciudadanía se siente absolutamente indefensa; la percepción de que
detrás de todo subyace la lucha, y nada más que la lucha, por el
poder político y la certeza de la dependencia de éste del poder
económico, se hace cada vez más patente.
Frente a la profunda
crisis del neoliberalismo conservador nos encontramos terriblemente
huérfanos de alternativas socioeconómicas reales. Desde luego la
socialdemocracia tampoco lo es. Se echa en falta un auténtico
sistema de participación social, con valores profundamente
democráticos que incidan en la salvaguarda de la ética en la acción
pública. Lo que tenemos hoy es lo que nos ha llevado a una quiebra
de la moral ciudadana que se aprecia nítidamente cuando algunos
personajes de la política, denunciados por corrupción, se presentan
de nuevo a unas elecciones y son reelegidos, y esto es sólo un
ejemplo.
Seguir posibilitando esta
cadena de despropósitos, y con ello el desprecio de la ciudadanía
por la política y las instituciones, debilita duramente nuestro
Estado de Derecho y da pie a convulsiones sociales que no siempre
terminan con un fortalecimiento del sistema democrático sino que,
por el contrario, dan lugar a la aparición de fenómenos
peligrosamente involucionistas que cuestionan la esencia de la
democracia: hacer posible que todo gire precisamente en torno al
bien común y que el poder no derive en otra cosa que en la defensa
del interés general y no en el de unos pocos que se hacen con el
timón de una galera donde los ciudadanos se convierten en remeros al
servicio de un corsario sin escrúpulos.
Hoy, más que nunca, nos
toca pelear por todo aquello en lo que creemos, para hacer posible
un futuro mejor para los que vienen detrás, a los que no podemos
legar un mundo como el que hemos ido construyendo… y destrozando.
(*) Antonio Morales
es Alcalde de Agüimes.
Imagen: Mas crispación que debate
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