Antonio Morales Méndez (*)

              Mientras asistimos asombrados al debate internacional generado en torno a las posiciones contrarias de Europa y EEUU sobre si los bonus salvajes (los bonus millonarios de los que nos llevaron a esta situación de crisis que sufrimos) deben ser controlados y de esta manera regular los sueldos y las indemnizaciones de la banca, por estos predios nos dedicamos a insistir en la marginación, la descalificación y la siembra de dudas generalizadas sobre los parados, el sector más frágil de nuestra sociedad, el segmento de los conciudadanos que peor lo está pasando.

            Así, el pasado diecisiete de septiembre, tras un mes de medidas contradictorias, titubeantes y discriminatorias, donde primero el Gobierno anunciaba una ayuda de 420 euros para los desempleados que dejaron de percibir sus prestaciones a primeros de agosto y más tarde lo retrotraía al uno de enero, el Parlamento español aprobó subsidiar con esta cantidad a un 85% de los parados dejando en la cuneta, sumido en la mayor de las indefensiones, al 15% restante. Sólo la diputada de UPyD Rosa Díez votó en contra de una medida que califico de “cicatera e injusta”.

           Sin ningún tipo de explicaciones el Estado deja sin protección a los hombres y mujeres que más meses llevan fuera del mercado de trabajo y que transitan cada día las fronteras  del umbral de la pobreza en la que viven 8 millones de españoles.

            Tras la debacle propiciada por el neoliberalismo más brutal y salvaje el Estado, lejos de actuar con la mayor y valiente de las contundencias, se arruga y toma una medida que parchea la situación y, desde la más grande de las discriminaciones, deja a los pies de los caballos a varios centenares de miles de ciudadanos.

            En una sociedad democrática no cabe la menor duda de que el Estado está obligado a garantizar la coexistencia pacífica, igualitaria y normalizada de sus miembros. Está más que claro que la subordinación de varios millones de personas a un subsidio de miseria los hace absolutamente dependientes del Gobierno, minando sus derechos y garantías constitucionales. Ya Rousseau planteaba que el Estado no debe sólo garantizar unos ingresos decentes sino el acceso a ellos.

            ¿Puede existir una sociedad democrática en la que millones de sus individuos no son libres porque su independencia se ve minada por el paro y la pobreza? Rotundamente no. La estructura del Estado no puede lavarse las manos y abandonar a una parte de sus hijos. Ya Robespierre en su discurso en la Asamblea Nacional francesa, el cinco de diciembre de 1790, afirmó con crudeza que “nosotros y los nuestros, todos hermanos nacidos de una sola madre, no creemos que seamos esclavos ni amos unos de otros, sino que la igualdad de nacimiento según la naturaleza nos fuerza a buscar una igualdad política según la ley, y a no ceder entre nosotros ante ninguna otra cosa sino ante la opinión de la virtud y de la sensatez”

            El político francés fue el primero en hablar del derecho a la existencia, por el que el individuo debe tener garantizado el existir, material y socialmente. Más de trescientos años después, en España, las fuerzas políticas y las instituciones, las mismas que siguen el juego al sistema destinando miles y miles de millones de euros a salvar a la banca desde la incentivación y los avales, se olvidan de estos preceptos  democráticos, que son también constitucionales, y dejan al garete a centenares de miles de ciudadanos a los que obligan a mendigar ante las “cáritas” o los ayuntamientos, cuando no a convertirse en mano de obra barata de la economía sumergida, a enfermar, a  delinquir en muchos casos o a vivir el terrible drama de los veinte y tres trabajadores de France Telecom que se han suicidado en los últimos meses.

            Mientras, en Canarias, este Gobierno nuestro que sufrimos hasta el límite de lo soportable, en un intento de desviar la atención sobre los espeluznantes titulares que día tras día nos arrojan los medios de comunicación (“catorce de cada cien hogares en las islas tiene a todos sus miembros en el paro, el índice más alto del país”; “la tasa canaria de población sin trabajo supera en casi ocho puntos la media nacional”; “uno de cada tres desempleados de las islas supera más de un año sin trabajo”; “Canarias se sitúa a la cabeza de las comunidades con mayor tasa de desempleados”; “los trabajadores canarios, los más baratos del Estado. Se emplean una hora más a la semana y cobran casi 400 euros menos”…) pone en marcha toda su artillería pesada para estigmatizar a nuestros parados.

            Así, con gran despliegue mediático, el Gobierno, a través del Servicio Canario de Empleo, lanza el mensaje de que “un importante número de personas desempleadas” rechazan un empleo cuando se les realiza una oferta pública de trabajo. Resulta ahora que aquí nos sobra trabajo y el sistema funciona y que son los trabajadores canarios, la parte más sensible, los que no quieren trabajar, los  que quieren seguir ganduleando. No se cuenta que en el caso de que la prestación que esté cobrando el parado sea contributiva y de 900 euros, por ejemplo, se le llame para cobrar 500 a media jornada, lo que supondrá una merma en sus ingresos hasta que se le compense el diferencial, que a veces se hace rápido y otras no tanto. Si la ayuda es asistencial y lo que le ofrecen es menos de lo que está ganando, también se tiene que fastidiar, aunque luego no alcance para cubrir los gastos mínimos de la familia. Si además nuestro parado esta cobrando el desempleo y lo llaman para trabajar tres meses, por ejemplo, luego, y a pesar de que la administración está agilizando el trámite burocrático, con que le falle un documento, se puede pasar algún tiempo hasta que le reanuden la prestación, aunque sea lo único de que dispone la familia. Y no digamos si para acudir al trabajo o a los cursos de formación que le ofrecen debe pagar transporte y otros gastos ¿en qué queda entonces la prestación? ¿La cambiaría usted por un salario más bajo si afectara a la supervivencia de los suyos?

            En definitiva, los parados, los que se han visto de la noche a la mañana en la calle, siendo las victimas principales del gran atraco internacional de la banca y los neocon, los que se han visto sometidos a ERES fraudulentos, a trabajos en precario, a tragar con vergonzosas ruedas de molino para no ser despedidos.... ahora resulta que son unos vagos ¿o no era este el mensaje que querían transmitir?

            Frente a los brotes verdes que anuncian la recuperación de un sistema que no está dispuesto a cambiar ni a pedir disculpas, como parece vislumbrarse, mucho me temo que nunca alcanzaremos el San Jamás que cantaba Bertol Brecht: “en ese día de San Jamás/ un paraíso el mundo será/ ese día seré yo aviador/  tu ese día serás general/ tendrá trabajo el hombre parado/ la mujer pobre descansará”.

     (*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.

Imagen: Jorge Rodríguez y el "canario standar"..