Antonio Morales Méndez (*)

      La desolación del paisaje social y económico de Canarias es brutal. En distintas ocasiones he ido aportando datos sobre la penosa realidad que vivimos, en un intento de llamar la atención sobre la necesidad de provocar un  debate público que nos permita romper la dinámica de apatía  que se ha adueñado de una gran parte del sentir colectivo, de los hombres y mujeres de esta tierra.

      En estos momentos, Canarias se acerca irremisiblemente a los trescientos mil parados, casi un 30% de la población activa, la tasa más alta, además de soportar el mayor peso de temporalidad en la contratación; catorce de cada cien hogares canarios tiene a todos sus miembros en el paro, el porcentaje más alto del país; en los últimos meses hemos perdido diez puntos del PIB, muy por encima de la media española; el nivel de endeudamiento familiar y empresarial es más del doble que el del resto de España, que es a su vez el país más endeudado de Europa; hemos perdido igualmente el 70% del ahorro fiscal; donde más cara sale la cesta de la compra es en esta Comunidad; el empobrecimiento de nuestras administraciones públicas es muy superior al del resto del Estado; estamos a la cola en el Indicador de Confianza Empresarial; en el último año han cerrado más de veinte mil empresas canarias; un 3% de nuestra gente se encuentra por debajo del umbral de la pobreza y un 4% sufre de pobreza severa; más de cuatro mil personas duermen en la calle y más de dos mil de nuestros niños viven en pisos tutelados; más de cuarenta mil familias dependen de prestaciones sociales para subsistir. 

       El Gobierno central, en el documento “Estrategia  integral para la Comunidad Autónoma de Canarias”, más conocido como Plan Canarias, y en el apartado de justificación de una pretendida actuación especial para este archipiélago, señala que la renta disponible de las familias en Canarias es menor que en el resto de España, “siendo una de las comunidades con mayor proporción de hogares viviendo bajo  la línea de pobreza”. También hace referencia al último informe del Consejo Económico y Social que señala que está aumentando la proporción de hogares más ricos y más pobres, y por tanto, disminuye la proporción de hogares de ingresos medios y señala, además, la más elevada tasa de fecundidad de las jóvenes entre 15 y 19 años, la cifra más alta de hijos de madre soltera y la mayor tasa bruta de divorcios de toda España.

     A todo esto se suma  que el nivel educativo de la población canaria presenta un déficit alarmante, hasta el punto de que el informe PISA nos sitúa a la cabeza del fracaso escolar, con un porcentaje de graduados universitarios 18 puntos por debajo de la media estatal. La tasa de abandono escolar es mucho más elevada que la media española.

     Si a esto le sumamos que nuestra Sanidad esta a la cola, que el sector primario es cada vez más residual y por debajo de la media española, al igual que ocurre con la Industria, y que el Turismo atraviesa momentos de retroceso e incertidumbre -lo que no sucede con la corrupción donde ocupamos los primeros lugares junto con Baleares- y que los incentivos del REF sobre la inversión privada en el impuesto de sociedades (RIC, deducción por inversiones, etc) van a sufrir una caída histórica del 64%, el panorama es realmente desalentador y especialmente preocupante.  

     Mientras estos datos  nos golpean con dureza cada día, el abandono del Gobierno central y el entreguismo del autonómico son de juzgado de guardia. Como muestra de ello voy a referirles los cuatro últimos hechos que revisten singular gravedad y que nos hablan de la marginación de esta tierra y de la incompetencia de los que la gobiernan.

      El nuevo sistema de financiación autonómica, que se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado mes de julio, desde el desprecio del Gobierno de Zapatero y la ineptitud y complicidad del Gobierno canario, hace que Canarias se sitúe 250 euros por persona y año por debajo de la media española, lo que nos lleva a una pérdida de 500 millones de euros anuales durante, al menos, la próxima década. No sólo nos tragamos la cacareada deuda histórica sino que aceptamos una financiación que nos margina y profundiza en  la diferencia negativa con respecto de la media española.

     Otro tanto ha sucedido con el llamado Plan Canarias, que no ha resultado sino una representación teatral, con una extraordinaria puesta en escena eso sí, pero que no significa sino la traslación a un documento único de las distintas actuaciones programadas en los presupuestos por los diferentes ministerios, sin prácticamente novedad alguna, salvo el enunciado de propuestas rimbombantes sin ficha financiera definida. Es decir, de plan extraordinario nada, a lo sumo un refrito de los distintos planes en marcha de carreteras, costas, puertos, aeropuertos, las tradicionales ayudas al transporte, las deudas públicas de los cabildos, los créditos ICO… En definitiva, un auténtico bluf que en absoluto contribuye a la mejora de nuestra economía ni a romper los desequilibrios con la mayoría de las comunidades del Estado. Y encima tenemos que soportar a Manuel Chávez, ante el silencio cómplice de todo el mundo, acusándonos de jugar al victimismo, o a la jacobina Rosa Diez que nos reprocha los logros históricos del REF.

      Unos día después, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado viene a hacer hincapié en el ninguneo y el desprecio hacia Canarias. Desde el incumplimiento de la Ley 20/1991 de modificación de los aspectos fiscales del REF, que obliga a que la inversión en Canarias esté en la media estatal y a diferencia de la mayoría de las comunidades con un índice de paro mucho menor y con un PIB considerablemente por encima del nuestro, nos colocamos  a 140 euros por habitante por debajo de la media estatal.

       Al tiempo, el Gobierno canario presenta unos presupuestos en los que recorta sensiblemente los recursos a áreas de especial trascendencia como las de Sanidad o Educación para pagar indemnizaciones que superan los 250 millones de euros (Tebeto, Montaña Rayada, moratoria…) fruto de actuaciones políticas dudosas y de irresponsabilidades administrativas, al margen de actuaciones judiciales cuestionables.

      Es la dura realidad. Estamos avanzando hacia un gravísimo deterioro socioeconómico que se traduce en un empobrecimiento general de la sociedad y que compromete, al tiempo, la seguridad financiera del sector público. Mientras  nos encontramos, por un lado, con el desprecio secular de los gobiernos centrales, sea cual sea el color, que actúan de la misma manera utilizando a su gusto a sus organizaciones insulares, a las que relegan hasta el infinito sin que, a su vez  estas se atrevan a plantar cara a Ferraz o a Génova; por otro lado, nos encontramos con un pretendido nacionalismo de ocasión que sólo juega a sostenerse en el poder sin importarle en absoluto hipotecar el futuro de las nuevas generaciones de canarios.

       Lo vuelvo a repetir. ¿Seguiremos de brazos cruzados? Es el momento de ocupar la realidad por parte de la sociedad comprometida. Sólo desde un  amplio consenso de las fuerzas políticas y sociales de carácter progresista, que asuman la máxima de  Carlos Fuentes de que “no puede haber globalidad que valga sin localidad que sirva”, podremos hacer posible un modelo de futuro distinto para esta tierra. Ahora, más que nunca, es necesario el compromiso. Está en nuestras manos, o a lo mejor no, al fin y al cabo forma parte de la estrategia el desarmarnos, desmotivarnos, decepcionarnos y desvertebrarnos.

     (*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.

Imagen: La FOTO del Consejo de Ministros