Antonio Morales Méndez (*)

       Aunque el ruido generado por la gripe A y su letanía de noticias alarmantes han centrado nuestra atención y preocupación durante los últimos meses, no cabe la menor duda de que no andan desencaminadas las interpretaciones que realizan muchos sectores del mundo científico y de la información acerca de que el H1N1 puede ser utilizado como una espesa cortina de humo que nos obliga a mirar para otro lado. Así nos olvidamos de los grandes males socioeconómicos, derivados de actuaciones políticas irresponsables -Canarias no permanece ajena a ellas- que producen una enorme quiebra social sin que provoquen ningún tipo de reacción ciudadana.

       Sólo una sociedad desarmada, inerte, desvertebrada, profundamente decepcionada y en muchos momentos, incapaz de hacer frente a todo lo que está sucediendo, puede permitir sin rebelarse, la situación que padecemos en esta tierra, sin que se atisben apenas alternativas de futuro a las políticas desastrosas de nuestro Gobierno autonómico.

      En los últimos años, de manera persistente, el Gobierno de CC-PP, ocupa un lugar privilegiado en los ranking de las prácticas políticas más cuestionables y, al tiempo, en las posiciones de cola en el desarrollo de alternativas a la dura situación que vivimos.

      La memoria anual de la Fiscalía General del Estado, nos acaba de arrojar a la cara, como el mayor de los cachetones, que Canarias, junto con Baleares, domina la cabecera de las comunidades españolas con mayor grado de corrupción. Tanto en casos diligenciados por prevaricación, cohecho, como de malversación de caudales públicos, nos encontramos en el vergonzoso podium de las victorias: Fórum, Teresitas, Arona, Parque Marítimo, Tebeto, Tindaya, Faycan, Eolo, Lanzarote, Góndola, Brisan....son sólo algunos de los casos que han sonado repetidamente en los medios de comunicación.

       El nivel de paro en esta tierra supera en siete puntos la media española, situándose ya en la frontera del 30%, lo que sólo sucede en los países en vía de desarrollo. Pero no sólo eso, en estos momentos, en España, donde más cara sale la cesta de la compra es en Canarias; debemos el doble de la media española (un 130% aquí, frente a un 50% en la península); el empobrecimiento de nuestras administraciones públicas está también muy por encima de las del resto del Estado; entre el año pasado y éste ya han cerrado sus puertas más de veinte mil empresas canarias; en el primer trimestre de 2009, cincuenta y siete negocios canarios han entrado en un proceso concursal; más de 40.000 familias dependen de prestaciones sociales para subsistir; nuestros trabajadores son los que tienen una jornada laboral más larga y también los que menos cobran (casi 400 euros menos que la media española); uno de cada tres de nuestros desempleados ya han alcanzado un año sin acceder a un puesto de trabajo; catorce de cada cien hogares en las islas tienen a todos sus miembros en el paro, el índice más alto del país; los doctores Domingo Madera y Manuel Sosa denunciaban días atrás que somos la segunda comunidad en número de embarazos de adolescentes; en la provincia de Las Palmas los delitos en el último año han aumentado en un 9,3%; estamos a la cola de los ranking de competitividad con el Indicador de Confianza Empresarial por los suelos; casi un 3% de isleños se encuentra por debajo del umbral de la pobreza y un 4% sufren de pobreza severa; más de 4.000 personas duermen en la calle y más de dos mil niños viven en pisos tutelados…

            Al tiempo, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública nos reveló unos datos, hace unas semanas, en los que sitúa a Canarias a la cola, por cuarto año consecutivo, de las comunidades con poca calidad en los servicios sanitarios y la Dirección General de Atención a las Drogodependencias ha comunicado a instituciones y ONG´s, que para el 2010 los fondos para atender a estas patologías se reducirán entre un 25% y un 30%.

      En los informes anuales del ministerio de Educación y PISA, la educación canaria se sitúa a la cabeza del fracaso escolar. También según el último informe de Caixa Catalunya, el abandono escolar prematuro en este archipiélago atlántico se calcula en un 36,9% frente a una media española del 31%, y nuestro nivel de graduados universitarios es  18 puntos más bajo que la media estatal.

      También en la aplicación de la Ley de la Dependencia ocupamos el dudoso honor del vagón de cola, según los últimos datos publicados por el ministerio de Sanidad y Política Social...

      Y mientras esto sucede el Gobierno Canario anuncia un recorte de 90 millones en Sanidad y 50 en Educación ¡como si nos sobrara! ¡Precisamente en las áreas en las que su presencia  son imprescindibles para el desarrollo integral de este pueblo! y nos enteramos por los medios de comunicación que, justo cuando más se necesita la inversión pública para incentivar el empleo, la Consejería de Obras Públicas no ha adjudicado ninguna obra nueva en el último año…

      Además, nuestro sector financiero se sitúa apenas en un 1% del PIB; la agricultura intensiva, a expensas de las subvenciones externas, se encuentra dando sus últimos estertores;  la  industria ha descendido ocho puntos posicionándose a la cola de las del Estado; el turismo, desde la especulación sin límites, está sufriendo un enorme retroceso, hasta el punto de que las Islas han sufrido la mayor caída de ingresos turísticos de toda España; también en la producción de energías renovables -ya hemos dicho otras veces que por corrupción y dejación- nos encontramos en el último lugar…

       Fruto de una negociación chapucera del Gobierno canario con el central, Canarias se ha instalado igualmente en los últimos lugares de la financiación de las comunidades autonómicas, hipotecando el futuro de generaciones de paisanos, al percibir 500 millones de euros anuales menos de los que le correspondían durante cada uno de los próximos diez años, lo que equivale a 830.000 millones de pesetas. Y, para colmo, el Gobierno central presenta unos presupuestos para 2010 donde figuramos, otra vez, en el antepenúltimo lugar en inversión directa por habitante ( 275 euros por persona, frente a la media de 511 euros estatal).

      Podría seguir y seguir poniendo indicadores sobre la mesa que nos hablan de la penosa situación que padecemos y en la que nos ha colocado en estos últimos años este gobierno popular-nacionalista, pero permítanme que, al tiempo, señale algún preocupante déficit democrático que perturba la convivencia en este pueblo.

      Nuestro sistema electoral hace que más de 150.000 canarios  tiren directamente su voto a la papelera ya que la aplicación de los porcentajes establecida desprecia, dejando fuera de las instituciones democráticas, a estos ciudadanos y sus opciones políticas; los órganos que en teoría deben fiscalizar el funcionamiento de la Administración y el Gobierno (Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo, Diputado del Común....) se encuentran en situación de provisionalidad, prorrogándose año tras año su renovación tras haber caducado su periodo de ejercicio; la televisión pública es el paradigma del derroche, la aculturización y el entreguismo político; el nivel de crispación y el ninguneo a las administraciones locales por parte del Gobierno canario no había alcanzado nunca estos extremos; los pactos antinatura, como los recientes de Lanzarote, se suceden sin ningún tipo de pudor o vergüenza democrática…

            La verdad es que podríamos seguir aportando datos y datos sobre esta terrible realidad. Y es que no hay peor pandemia que la que va minando la capacidad de superación, de desarrollo y de autoestima de un pueblo. Padecemos una auténtica enfermedad para la que no se vislumbra ningún tipo de vacunas, y que no podremos solucionar con la cataplasma paliativa de la aceptación pasiva sino con una cirugía radical que extirpe lo peor de la política canaria. Sólo saldremos adelante cuando los ciudadanos asuman que únicamente con su participación decidida es posible una alternativa socioeconómica real para Canarias.

     (*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.

Imagen: Paulino y Soria.