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Antonio Morales Méndez (*)
Los datos son
contundentes. Contundentes y dramáticos. En España, el número total
de ciudadanos en paro se ha situado en el último trimestre por
encima de los cuatro millones; uno de cada cinco hogares tiene un
parado en su seno, y un millón de hogares, a todos sus miembros sin
trabajo; medio millón de familias se encuentran en una situación de
exclusión severa, sin prestaciones de ningún tipo. Este país cuenta
en la actualidad con ocho millones y medio de pobres; Cáritas apunta
que el 40% de los hogares puede entrar en situación de
vulnerabilidad en los próximos meses; los índices de desempleo se
acercan peligrosamente al 20% en todas las autonomías, habiéndose
superado esta cifra en Canarias, Extremadura y Andalucía; los
embargos de pisos se disparan hasta alcanzar la cifra de casi 60.000
el año pasado, un 126% más que en 2007; las regulaciones de empleo
han afectado en los últimos tres meses a más personas que en todo el
año pasado; de cada diez europeos sin empleo, ocho son españoles;
cien mil cuatrocientas pymes han desaparecido en el último año…
En Canarias, según la EPA,
se ha llegado en el primer trimestre de este año a 280.000 personas
sin empleo, una tasa del 26,1%, la más alta de España, lo que se
traduce en que uno de cada cuatro trabajadores está en paro: se
trata de una pérdida de 637 puestos de trabajo por día (un aumento
del 84,96% con respecto al primer trimestre del año pasado); el
número de contratos de trabajo en abril de este año disminuyó en más
de un millar, siendo el sector servicios (160.590) y el de la
construcción (52.315) el que mayor número de desempleados acoge en
su seno, haciendo que en 88.000 familias no trabaje ninguno de sus
miembros.
En la provincia de Las
Palmas la tasa de desempleo aumenta aún más la diferencia con el
resto de España, llegando a un porcentaje del 27,60% y 158.000
desempleados.
Mientras todo esto
sucede, los análisis sociológicos empiezan a detectar un enorme
rechazo hacia los extranjeros y a la inmigración lo que ha derivado
en numerosas agresiones y enfrentamientos en distintos lugares del
país, sin alcanzar la virulencia de Inglaterra (cuando las barbas de
tus vecinos veas pelar...)
Al tiempo, y desde luego
con una mayor justificación, en amplios sectores de la sociedad se
abren peligrosas brechas entre la ciudadanía, la política y las
instituciones, sin llegar a los aparatosos enfrentamientos de
Francia en los primeros meses de este año (todavía).
Desde luego cada vez más
el cabreo ciudadano, que hasta ahora sólo se ha hecho visible en su
alejamiento de las urnas, se traslada a otros ámbitos de la
sociedad, lo que no deja de ser, paradójicamente, un logro de las
prácticas más deleznables del capitalismo que se ha trazado como
objetivo fundamental el sembrar la corrupción y el desapego hacia lo
público como un sistema de control de las riendas de la gobernanza
mundial.
Y es que se lo ponemos en
bandeja. A la socialización de las perdidas que ha obligado a los
gobiernos del mundo a financiar con billones de euros este
despropósito de corrupción internacional instalado desde el sistema
financiero -lo que ha aumentado las desigualdades en lo local y lo
global-, se une la práctica política diaria de la gestión de lo
público y la escenificación del juego democrático, que debiera ser
creativo, productivo y transparente y que se ha convertido en el
circo de las banalidades, las inconsistencias y las
irresponsabilidades.
Así, lo que hemos visto
hace unos días, en el transcurso del debate sobre el Estado de la
Nación, no puede sino provocar el hastío y la desesperanza de
millones de ciudadanos. Los insultos, el cruce de acusaciones, la
incapacidad de aportar soluciones reales y consistentes a los
problemas del conjunto del Estado quedaron una vez más de
manifiesto. Aunque es de justicia comentar que Rodríguez Zapatero se
mojó, puso alternativas sobre la mesa, a mi entender parciales y más
que nada paliativas, como poniendo tiritas a una herida que necesita
puntos de sutura.
En Canarias ha sucedido
otro tanto en nuestro Parlamento, donde a un paripé de desaprobación
del vicepresidente del Gobierno, sumido en un mar de imputaciones y
de entradas y salidas de los juzgados, se ha sumado un episodio
esperpéntico de acusaciones contra los jueces, la policía y
finalmente una grabación de una conversación privada –algo de lo más
ético y ejemplar en un señor que nos representa a todos- para
tergiversarla, manipularla y, con dinero público, intentar pagar un
reportaje pretendidamente exculpatorio.
Y detrás de todo esto, la derecha recalcitrante, que batalla desde
la oposición política y desde ciertos entramados del poder
económico –algunas organizaciones empresariales, grandes empresas,
fundaciones...- para aprovecharse de la situación y plantear
recortes a los logros sociales conseguidos a lo largo de siglos de
lucha obrera, intentando, entre otras cosas, el despido libre, sin
olvidarnos de los contratos basura, la ausencia de contrato y la
intimidación a las personas bajo riesgo de perder su trabajo. José
María Aznar, el adalid del ultraliberalismo en España, se atreve a
dar alternativas, -al contrario que su partido que se las calla
porque sabe que en estos momentos les haría perder muchos votos,
aunque las comparta- y plantea abaratar el despido, aumentar las
privatizaciones, no subir el salario mínimo y hacer desaparecer el
papel del Estado y sus mecanismos de control. Desde luego, lo del
despido libre no les preocupa a los 562 altos ejecutivos del Ibex
que, como señalaba El País días atrás, cobran 915.000 euros de media
y tienen un contrato blindado cada uno de ellos de millones de euros
en caso de despidos, y lo mismo sucede con altos cargos y directivos
de la banca, las eléctricas, las empresas de telecomunicaciones y un
largo etcétera.
Frente a todo esto, nos
encontramos con una socialdemocracia y un sector importante de la
izquierda incapaces de invocar un nuevo modelo limitándose a
parchear la situación y a intentar suavizar un sistema para el que
no encuentran una alternativa trasladable a los distintos sectores
de la sociedad.
Hasta ahora la actuación
del Gobierno español se ha limitado a inyectar dinero público para
sanear las finanzas y a aportar recursos para sustentar el sistema.
En el último debate sobre el Estado de la Nación volvió a sonarnos
todo a más de los mismo: más coches, más viviendas,..., aunque se
apuntasen algunas propuestas en torno a la idea de sostenibilidad
que no terminan de concretarse. El último mensaje que se nos
traslada es el que nos insiste en los “brotes verdes” que hacen
vislumbrar un crecimiento económico para el conjunto de España, pero
mucho me temo que no estemos sino apuntalando el mismo status, sin
que avancemos en la búsqueda de un auténtico modelo productivo
alternativo. Se habla de I+D+i, de energías renovables, de potenciar
la educación, de 25.000 millones para la economía sostenible, de la
sociedad de la información… ¿Pero esto realmente cambia el
neoliberalismo que padecemos? Sin duda, no, pero sobre esto me
gustaría profundizar en otro momento.
Mientras tanto, y
volviendo al principio, es necesario que se acelere la puesta en
marcha de las medidas necesarias para que ningún ciudadano pase
hambre y se quede sin recursos, como está sucediendo. No se puede
permitir que, como estamos viendo, miles y miles de hombres y
mujeres de este país no tengan que comer, no puedan pagar sus
hipotecas, el agua o la luz de sus viviendas. Es inaceptable que sus
hijos dejen de asistir a sus colegios con normalidad por no poder
pagar el comedor, a sus clases de música por la tarde, a sus
actividades deportivas por falta de medios. Hoy por hoy todo esto lo
están soportando los ayuntamientos y sólo los ayuntamientos, sin
ningún tipo de ayudas y recursos externos. Es que aquí donde el
Estado y las autonomías deben hacer un esfuerzo mayor del que están
haciendo (unos más que otros). Es verdad que lo más urgente es
recuperar el mercado de trabajo, pero en estos momentos es
imprescindible una ayuda básica para todos los hombres y mujeres de
este país que se han quedado sin medios para subsistir. Pero ya. A
lo mejor la renta básica que empieza a estudiar una subcomisión del
Parlamento español, a propuesta de un movimiento ciudadano, puede
ser una solución. Esta o cualquier otra que evite la desesperación y
la ira.
(*) Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
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